Nota de opinión de Roberto Mandado (*): Pensar los límites colindantes es pensar la arquitectura política de una provincia: cómo distribuye responsabilidades, cómo organiza su espacio y cómo proyecta su desarrollo. No es un asunto técnico ni secundario; es una decisión estratégica.

Río Negro dejó de ser una provincia exclusivamente frutícola o agrícola para transformarse en un territorio energético, minero, turístico, pesquero y productivo. Conviven hidrocarburos en el Alto Valle, arenas silíceas en el este, turismo en la costa y la cordillera, y potencial minero en la meseta. Nada de eso puede gestionarse sin certezas territoriales ni un orden institucional estable.

La Constitución provincial, en su artículo 227, establece un mandato claro: la Legislatura debe definir el sistema de ejidos colindantes “sobre la base de la proximidad geográfica y la posibilidad efectiva de brindar servicios municipales”.

Para avanzar en ese camino, en 1984 se creó la Comisión de Límites (Ley N.º 1812), encargada de analizar acuerdos territoriales y emitir dictámenes técnicos. Tres años después, la Ley N.º 2159 reglamentó el procedimiento: convenios bilaterales o multilaterales entre municipios, aprobación por ordenanza y posterior refrendo legislativo, con intervención obligatoria de la Comisión.

Sin embargo, ese mandato constitucional sigue inconcluso. A pesar de los más de cuarenta años transcurridos, sólo una minoría de municipios tiene límites aprobados por ley, como es el caso de Río Colorado–Guardia Mitre (Ley 4441), Ingeniero Jacobacci–Comallo (Ley 4179), Viedma–General Conesa (Ley 3317), General Conesa–Guardia Mitre (Ley 3315), Pomona–Lamarque (Ley 3319), Valcheta–Pomona (Ley 3158), Lamarque–Valcheta (Ley 3159), Valcheta–Ministro Ramos Mexía (Ley 3160) y Viedma–Guardia Mitre (Ley 3371), según los datos publicados por la Legislatura de Río Negro.

El problema no es la norma: es la aplicación.

La Comisión de Límites funciona de manera intermitente, condicionada por ciclos electorales y tensiones coyunturales. Su última reunión formal fue el 27 de noviembre de 2018. Cuando un órgano central para ordenar el territorio trabaja de forma discontinua, sin continuidad técnica ni dirección política sostenida, el resultado es evidente: indefinición, superposición de competencias y pérdida de capacidad de planificación.

El caso Viedma–San Antonio Oeste es ilustrativo. Durante más de treinta años se discutió la delimitación del Camino de la Costa, un corredor de más de 200 kilómetros clave para el desarrollo turístico y productivo. Hubo recorridos, borradores de acuerdos, ordenanzas parciales y reuniones técnicas.

Nunca se consolidó un acuerdo definitivo refrendado por la Legislatura. La consecuencia fue una resolución de hecho: cada municipio administró como pudo, sin coordinación, sin mirada provincial integrada y con un Estado que llegó tarde o directamente no llegó.

Ese no es un caso aislado: es el síntoma de una provincia que postergó su discusión territorial y permitió que la agenda electoral definiera decisiones que deberían ser políticas de Estado. Cuando las definiciones dependen del humor o las prioridades de cada gestión, la planificación se debilita y el territorio queda expuesto a la improvisación.

La salida exige institucionalidad sostenida.

Para que la Ley 2159 se cumpla plenamente, no alcanza con “reactivar” ocasionalmente la Comisión de Límites: es necesario garantizar su funcionamiento permanente, dotarla de equipos técnicos estables y establecer un calendario anual de trabajo.

También resulta imprescindible ampliar el debate: universidades, colegios profesionales, cámaras empresarias, sindicatos, organizaciones sociales y especialistas en ordenamiento territorial deben formar parte del proceso. Esa participación fortalece la calidad técnica, aporta legitimidad social y garantiza continuidad más allá de los cambios políticos.

Resolver los límites colindantes no divide: ordena. Permite fortalecer la autonomía municipal, mejorar la equidad en la distribución de recursos, garantizar inversiones, dar claridad al desarrollo costero, proteger el ambiente y planificar el crecimiento productivo de la provincia.

Río Negro no puede seguir tratando sus límites como un tema secundario. Pensarlos es pensar su futuro. Y el futuro se construye con reglas claras, decisiones sostenidas y un Estado capaz de planificar más allá de las urgencias del presente

(*) Roberto Mandado – Militante Peronista – Politólogo – Sec. Legislativo del bloque Vamos con Todos en el Concejo Deliberante de Viedma