La jueza María Servini denunció por obstrucción de justicia a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) porque no logró colaboración para investigar un caso en el que se sospechaba que se comercializaba droga en la cárcel de Devoto.

Ante la recepción de una denuncia, Servini, en septiembre de 2021, le pidió al Servicio Penitenciario Federal -que depende de Justicia- que hiciera tareas de investigación dentro del Pabellón Universitario. En diciembre del año pasado, el Servicio Penitenciario Federal le informó a la jueza que la investigación no había podido realizarse porque carecían de facultades para hacerla.

En diciembre, Servini le pidió mediante oficio a María Laura Garrigós de Rébori, directora del Servicio Penitenciario Federal, que se realizaran las tareas investigativas luego de explicarle cuál había sido la respuesta de sus subordinados.

Dos meses después, en febrero de 2022, la dirección del Servicio Penitenciario Federal le contestó a la jueza que no contaban con un organismo que pudiera hacer las tareas encomendadas.

El argumento de la dirección del SPF fue que “el organismo denominado como Departamento de Inteligencia Penitenciaria”, también conocido internamente como “Unidad 50″, había sido disuelto por la intervención al Servicio Penitenciario Federal decretada el 10 de junio de 2020 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que, a la fecha, no se había creado una División que la suplantara o contara con las facultades legales y/o reglamentarias para dar cumplimiento a lo solicitado”.

La disolución del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal fue tomada luego de que trascendieran las denuncias por espionaje ilegal dentro de las cárceles durante el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Alberto Fernández decidió desarmar la estructura que desde hace décadas investigaba posibles delitos dentro de las cárceles federales.

Luego de la respuesta recibida por parte de Garrigós, Servini fue más arriba en la estructura. Y en marzo de este año le mandó un oficio al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Dos semanas después del oficio de Servini a Soria, se presentó en la causa el ayudante de segunda Federico Marimón quien había sido designado como instructor de la investigación.

El “candado” (como se los llama a los penitenciarios) había solicitado al juzgado que, para realizar la investigación necesitaba “un vehículo no identificable, personal computadoras, impresoras con insumos y un lugar físico con acceso a internet”.

Cuando Servini se quejó por lo solicitado por Marimón, la dirección del SPF le hizo saber que el ayudante había sido designado por la jefatura de Devoto y a su vez que el investigador estaba bajo investigación por un sumario interno iniciado por las tareas de inteligencia realizadas por durante el gobierno anterior. Fue entonces que Servini revocó la designación del investigador Marimón y el SPF nombró al prefecto Néstor González.

La jueza se sorprendió porque luego de que fuera apartado Marimón de la investigación nunca iniciada, llegó al juzgado un mail- que firmaba un “candado” anónimo- con detalles sobre la operatoria ilegal en Devoto. En el mail, según las fuentes judiciales consultadas por Infobae, se nombraba a Sonia Alvarez, subdirectora del SPF. Y se la vinculaba con actividades ilegales sucedidas en la cárcel de Ezeiza mientras esa unidad penitenciaria estaba a su cargo.

La sorpresa de la jueza vino a cuento de que en el mail se sabía de la operatoria, de la denuncia y del inicio de la causa. Es decir que alguien dentro del SPF había hablado de la investigación. Por lo que el resultado de la pesquisa-que luego de varios meses no se había iniciado- iba a ser insignificante.

En la resolución firmada por Servini en la que relató los hechos la jueza señaló que: “…habré de destacar con vergüenza que a casi un año del inicio de las actuaciones y por inacción de las autoridades requeridas, la presente investigación se encuentra en el mismo estado que comenzara. Dicha circunstancia me permite concluir que, sin perjuicio de los numerosos intentos por parte de esta sede de tratar de acreditar y corroborar los extremos denunciados, existió una clara obstrucción que deberá ser investigada y que, en definitiva, se ve reflejada tanto en la falta de celeridad para actuar, como así también en la publicidad que tomó esta investigación, que debió haber sido de carácter reservada”.

Por eso la jueza hizo dos denuncias. Una contra Álvarez que fue remitida a la Cámara Federal de San Martín para que se investigue en un juzgado federal de Lomas de Zamora.

Y otra contra Soria y Garrigós de Rébori “por la demora, obstrucción y divulgación de información reservada de esta investigación”. La última denuncia fue sorteada este lunes y le tocó al juez Julián Ercolini. Interviene en el caso el fiscal Guillermo Marijuán. (ADN)