El ocaso de la ilusión neoliberal

Lunes, 09 Septiembre 2019 23:01 Escrito por  Publicado en De Argentina

Este documento elaborado por EJES, recorre las principales medidas que tomó el gobierno entre diciembre de 2015 y agosto de 2019 para analizar las causas y consecuencias de lo que fue la política energética de Cambiemos.-

“El análisis de la política energética es clave para la distribución del ingreso y de la riqueza. En el informe podemos ver cómo los cuadros tarifarios definieron una transferencia de ingresos de toda la población a un grupo reducido de empresarios. Esa lógica se tradujo al interior de las empresas energéticas con la flexibilización laboral, avalada por el gobierno de Cambiemos”, afirmó el economista Marco Kofman, investigador de EJES.

La política energética de Cambiemos comenzó a perfilarse (diciembre de 2015) al momento de la conformación del equipo del Ministerio de Energía. Las decisiones del área energética quedaron en manos de cuadros técnicos provenientes de las principales compañías nacionales y extranjeras que operan en el país.

En febrero de 2016 suben las tarifas a la velocidad de la luz. Mediante la RES 1/2016 el Ministerio de Energía autorizó los nuevos precios de la energía eléctrica para la ciudad de Buenos Aires. Los aumentos iniciales fueron cercanos al 500%. Entre 2015 y 2019 el aumento total de la energía eléctrica osciló entre 3.000% y 3.500%.

En abril de 2016, con nuevas prioridades, con nuevas prioridades el gobierno determinó la eliminación de los subsidios a la energía para atender otras prioridades con el dinero público. Los hogares debieron hacerse cargo del 100% del precio de la energía eléctrica y el gas. Para el gas, la RES. 28/2016, fijó los precios que pagarían los hogares: los aumentos en lasfacturas fueron superiores al1.000%.

En julio de 2016, aprovechando el retraso del país en el desarrollo de renovables se lanzó el programa Renovar para cumplir con los objetivos de la Ley 27.191 que impulsa el 20% de fuentes renovables en el sector eléctrico para 2025.

Más allá de la incorporación de nuevas centrales con fuentes renovables se privilegió un sistema de subastas con beneficios que solo pudieron ser aprovechados por grandes grupos nacionales y extranjeros obturando la posibilidad de un desarrollo industrial nacional asociado a las fuentes renovables. Emprendimientos ciudadanos o cooperativos con larga trayectoria en el país no tuvieron espacio para participar de este proceso.

Para agosto de 2016, un ciclo de movilizaciones populares y fallos judiciales locales contra la implementación del nuevo régimen tarifario del gas se cerró con el fallo de la Corte Suprema que determinó la nulidad del aumento por no haberse realizado la audiencia pública correspondiente.

Las empresas no pudieron facturar los aumentos en el invierno cuando el consumo es mayor y debieron devolver los incrementos ya facturados. En octubre de 2016, el gobierno determinó que los subsidios se irían eliminando en forma gradual para que los usuarios terminen pagando la totalidad del precio del gas en octubre de 2019.

Mediante aumentos semestrales, el precio pagado por los hogares aumentaría desde 1,29U$S/MBTU hasta 6,77U$S/MBTU. En diciembre de 2016 se completa el tarifazo: aumentan los otros componentes de la tarifa.

Mediante la Revisión Tarifaria Integral (RTI), el gobierno estableció el aumento de las tarifas de transporte y distribución de gas, los otros dos componen es de la factura de gas que pagan los usuarios además del gas en boca de pozo, que es lo que le queda al productor. La RTI multiplicó los ingresos de las distribuidoras y transportistas, las grandes ganadoras del tarifazo.

En enero de 2017, el gobierno de Cambiemos decide precarizar el trabajo para que lluevan las inversiones.

El gobierno promovió la firma junto a empresarios y sindicatos del Acuerdo por Vaca Muerta, que incorporó modificaciones al convenio colectivo. Para la producción no convencional se eliminaron beneficios salariales, se redujeron las dotaciones técnicas de personal y se incorporaron modalidades de contratación flexible.

Al finalizar 2018, los salarios del sector habían caído un 16% y se habían perdido 9 mil puestos de trabajo respecto a 2015. Desde el Acuerdo murieron 8 obreros en accidentes evitables.

Apuesta al fracking, marzo de 2017. El gobierno creó el Programa de estímulo a las inversiones en desarrollos de producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales (RES E46/2017), que fijó un precio inicial de 7,55 U$S/MBTU para la producción no convencional.

Solo las nuevas explotaciones pueden acceder a este beneficio: el objetivo fue incrementar las inversiones en Vaca Muerta, que se habían frenado desde que asumió Cambiemos.

Un monopolio que viola el marco regulatorio eléctrico (mayo de 2017). Desarrolladora Energética S.A. controlada por Rogelio Pagano a través de una red de empresas offshore conformó su monopolio en la provincia de Buenos Aires con el control de Eden, Edea y Edelap, violando el marco regulatorio vigente.

La empresa se convirtió en la tercera distribuidora más importante del país detrás de Edenor y Edesur. Las tres empresas controlan el 49% de la distribución eléctrica. El septiembre de 2017, la comunidad mapuche Fvta Xayen, en las inmediaciones de la ciudad de Añelo (Neuquén), fue desalojada y tres de sus integrantes permanecieron todo un día detenidos.

El jefe de fiscales denunció públicamente la tenencia de armas de guerra y drogas. Posteriormente la justicia declaró la ilegalidad del allanamiento. La criminalización y judicialización de las comunidades mapuche fue una constante del periodo.

En octubre de 2017, comenzó a regir la liberalización del precio de los combustibles. Hasta entonces, el mismo se acordaba entre el Estado Nacional, las provincias y el sector privado. Las empresas ahora tienen libertad para fijar el precio interno en función del precio internacional y de la cotización del dólar.

Para noviembre de 2017, se publicó el decreto 882/2017 que determinó la venta de las centrales térmicas “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López” y de un conjunto de activos que el Estado conservaba de diferentes empresas del sector.

El argumento fue que la participación del Estado en el mercado eléctrico “no resulta necesaria para asegurar el normal funcionamiento del sector”. La operación se completó en junio de 2019. Central Puerto (Caputo) se quedó con “Brigadier López” y un consorcio de Pampa (Midlin) e YPF, se quedó con “Ensenada”.

Gracias al ingreso de $40 mil millones, el Ministro de Hacienda anunció un sobrecumplimiento de la meta fiscal acordada con el FMI: sin estas privatizaciones no era posible el superávit. El Plan Gas (diciembre de 2017) revirtió la tendencia de más de 15 años de caída de la producción gasífera. YPF fue la principal beneficiaria de este programa que finalizó en diciembre de 2017 y no fue prorrogado.

Desde entonces sólo se estimuló los nuevos proyectos de gas no convencional (RES. 46/2017), relegando a la empresa estatal. Tecpetrol fue la principal beneficiaria del nuevo régimen. En el contexto de la fuerte devaluación del año 2018 se evidenció la inviabilidad política y económica de la dolarización de tarifas y combustibles defendida por el ministro.

Aranguren fue eyectado del área energética y el sendero de precios dolarizados del gas fue abandonado. Iguacel, un hombre más alineado a la estrategia política del jefe de gabinete, fue nombrado en el cargo.

La RES. 104/2018 (agosto 2018) autorizó la exportación de gas. Dos meses después el gobierno “despidió” el buque regasifcador de Bahía Blanca que permitía importar gas licuado. Mientras tanto, Iguacel salió de gira por EEUU a “vender” Vaca Muerta, anunciando que para 2023 la producción de gas y petróleo se duplicará y el país se convertirá en exportador neto de energía.

En septiembre de 2018, el gobierno decidió reducir de 18 a 10 la cantidad de ministerios y Energía pasó a depender de Hacienda. Hasta 2015, antes de ser Ministerio, Energía era una secretaría del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Su traslado al área general de Hacienda responde a una lógica diferente.

La energía dejó de ser vista como un tema de interés asociado al desarrollo económico y al largo plazo.

Un derrame en las inmediaciones de Añelo (Neuquén) (0ctrubre 2018) afectó varias decenas de hectáreas. Los impactos del desarrollo del fracking son inherentes a la explotación. Uso de millones de litros de agua, químicos, centenares de toneladas de arena, emisiones de gases, aparición de sismos, ocupación de tierras destinadas históricamente a la producción frutícola son algunas de las afectaciones cotidianas.

La base de las economías de amplias regiones comienza a verse amenazada. Tal es el caso del Alto Valle del Río Negro. La devaluación aumentó el precio del gas que pagan las distribuidoras, que debieron esperar hasta octubre para trasladar el incremento a los usuarios. El gobierno determinó que los usuarios compensen a las empresas con $10.000 millones.

Las protestas obligaron a dar marcha atrás con esta medida. El gobierno se hizo cargo de la compensación con fondos presupuestarios. En enero de 2019, se abrió un conflicto en torno a la interpretación de la RES. E46/2017. Según el Gobierno sólo se debía estimular el volumen de producción estimado por la empresa cuando se incluyó en el régimen. Según Tecpetrol el programa no estipula niveles máximos.

Durante 2018, esta controversia giró en torno a los $6.000 millones. Detrás, un problema de fondo: el gobierno se comprometió con el FMI a reducir al mínimo los subsidios a las petroleras. En marzo de 2019, el brote verde empieza a secarse: cae la producción de Vaca Muerta.

Después de un periodo de crecimiento sostenido de la extracción de gas en Vaca Muerta, en marzo de 2019 se revirtió la tendencia. El gobierno comprobó que las inversiones sólo respondieron cuando se les aseguró una ganancia extraordinaria: sin desarrollo de infraestructura y sin precios especiales, la Vaca Muerta no sobrevive.

YPF pierde el terreno recuperado. Desde la recuperación del control accionario por el Estado, YPF lideró el proceso inversor que revirtió la caída de la producción de hidrocarburos de más de una década. Desde 2016, la discriminación contra la estatal retrotrajo la producción y la inversión al nivel que tenían antes que el Estado recobre el control de la empresa.

En el año electoral 2019 coinciden la profundización de la crisis productiva, la inestabilidad cambiaria y la aceleración inflacionaria. En este contexto, el gobierno anunció un conjunto de medidas conocido como “plan alivio”, procurando llegar con capital político a octubre.

Entre otras cosas, el presidente estipuló que no habrá incrementos en las tarifas en la segunda mitad del año. El Estado, mediante nuevos subsidios, se hará cargo de la diferencia. La coyuntura política se cuela en la política energética: la idea liberal de que el “consumidor” debe pagar el total del costo de producción en la energía fue quedando relegada.

En mayo de 2019, Tecpetrol presentó una demanda judicial contra el Estadol exigiendo que se anulen los cambios de criterios con los que se liquidan los subsidios de la RES. 46/2017. La empresa del grupo Techint se volvió importante para el sector en muy poco tiempo. De una producción marginal, pasó a explicar el 52% de la producción total de Vaca Muerta.

En junio del 2019, una falla en el sistema de interconexión provocó el apagón más grande de la historia de la energía del país dejando sin luz a 50 millones de usuarios. Pocos días después en La Plata permanecieron 5 días sin energía miles de usuarios.  Las estadísticas del ENRE reflejan que no ocurrió una mejora significativa en la calidad del servicio de distribución.

Se evidenció la falta de inversiones en el sector por parte de las licenciatarias. Luego de la derrota electoral del gobierno en las elecciones primarias, se inició una nueva corrida cambiaria que provocó una devaluación del 30%.

En el marco de un conjunto de medidas para revertir el enojo popular contra la gestión, el gobierno decretó el congelamiento del precio de los combustibles. La medida desató un importante conflicto con los gobiernos provinciales perceptores de regalías y con las empresas del sector.

Finalmente, las empresas y las provincias cobrarán el incremento para el segmento mayorista del mercado y el Estado Nacional otorgará un subsidio extra para las empresas del sector. Cambiemos retomó la agenda neoliberal de la energía con el marco regulatorio vigente desde los 90.

La “fe en los mercados” justificó la eliminación de subsidios y permitió reasignar fondos para atender una deuda que fue el respirador artificial de la economía macrista. El costo político del aumento tarifario fue creciente y en el año electoral este elemento ya no pudo obviarse.

La apuesta al desarrollo de Vaca Muerta para reducir los dólares destinados a la importación de energía y generar un excedente de exportación chocó contra la falta de recursos fiscales. La política energética naufragó entre la inviabilidad política y la económica.

El tarifazo expandió la pobreza energética (hogares que destinan más del 10% del ingreso en atender sus necesidades energéticas) por todo el país del 1% al 20% desde 2015. Las empresas distribuidoras y transportistas multiplicaron sus ganancias, pero la calidad del servicio no mejoró.

Un conjunto reducido de empresarios incrementó su poder en el sector: Midlin, Pagano, Rocca, Brito, Caputo. La incorporación de fuentes renovables fue un negocio para estos empresarios y el capital extranjero y se realizó sin incentivar la industria nacional de componentes. El Estado se desprendió de valiosos activos y la empresa YPF quedó relegada en una producción de hidrocarburos que acentuó su carácter privado y contaminante.

El informe precedente es de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES)

Modificado por última vez en Lunes, 09 Septiembre 2019 22:39

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