APDH CONTRA LA CONCENTRACION DE PODER DE CLARIN Y LA NACION

Jueves, 29 Julio 2021 11:01 Escrito por  Publicado en De Argentina

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN: La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) lleva 45 años defendiendo los derechos humanos. Su trayectoria es reconocida internacionalmente por el sistema regional (OEA) y universal (ONU) de derechos humanos, entre otros organismos multilaterales.

Las acciones, reclamos y peticiones de la APDH se orientan principalmente a que las autoridades públicas, respeten los derechos y garantías previstas en nuestra Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos

En este marco ha exigido, a todos los gobiernos, derechos y garantías para todos y todas. El derecho a la información, es uno de ellos, componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Consiste en el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder de órganos, entes y empresas públicas y/o privadas. El derecho al acceso a la información es un derecho fundamental para el desarrollo en plenitud de una sociedad democrática y transparente, y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades. Es un derecho multiplicador de otros derechos, ya que es necesario para poder ejercer otros derechos.

Sin embargo, en nuestro país existe desde hace ya mucho, un sistema de medios de comunicación en el cual unos pocos grupos mantienen posiciones dominantes en el mercado, tornándose así hegemónicos en el manejo y difusión de toda la información. Esto importa una concentración de poder que tiene dos objetivos: uno económico y otro político. El primero se relaciona con la baja de sus costos y el alza de su rentabilidad, y el segundo tiene que ver con la capacidad empresaria para operar sobre el Estado como un actor político diferenciado.

Ello ha sido expresamente vedado por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, que en su principio 12 señala: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos...”.

En Argentina el Grupo Clarín, en particular, es el más grande y poderoso de esos conglomerados de medios de comunicación, en su conjunto es la empresa dominante en ese mercado en Argentina. Esta dominancia, que significa además una posición económica privilegiada, tanto para sus clientes (publicidad) como para sus accionistas, es sumamente preocupante en términos de concentración de la producción y distribución de contenidos, y su consecuente repercusión sobre el sistema democrático.

No es secreto que el gigante habría tenido origen espurio a partir de la concesión criminal que, a él, junto a La Nación y La Razón, le hiciera la última dictadura cívico-militar inaugurada el 24 de marzo de 1976.

La sociedad conocida como “Papel Prensa” fue transferida a una sociedad fantasma que en el lapso de una semana desaparecería, para dejar constituida la propiedad de la única fábrica de papel a manos de los grupos empresarios arriba señalados.

La promiscua relación de esos periódicos, ello es de sus directivos y responsables, con la última dictadura, puede resumirse en un sinnúmero de eventos que tuvieron por parte de esos medios el compromiso de silenciar, mentir y/o manipular la información, con la finalidad de legitimar al gobierno genocida de entonces. Sólo el título principal del diario Clarín del 25 de marzo de 1976, el día siguiente al golpe cívico-militar, fue demostrativo de lo que sobrevendría: “Total normalidad”.

Estimamos innecesario repasar aquí la seguidilla de hechos de la realidad, que resultan ilustrativos de cómo esos medios operaron sobre la sociedad argentina en todos estos años. Consientes que Clarín, seguramente fue el que mejor logró posicionarse, desde entonces, pero es manifiesto que no ha sido ni es el único.

Los cuatros sectores de medios de comunicación masiva (TV, radio, prensa y digital) existentes en el país muestran niveles altos de concentración de la propiedad y de la audiencia. El Grupo Clarín es el único conglomerado que ostenta una posición dominante en todos los sectores de la industria de medios y telecomunicaciones.

A excepción de la red de televisión operada por el Grupo Clarín, casi todas las señales de TV están operadas por inversores extranjeros (Viacom posee la mayor red de televisión del país mientras que Turner y Fox son dueños de los canales de TV más populares). Entre los portales de noticias, Infobae es el más importante, seguido por Clarín y La Nación.

Entre los diez diarios más importantes, tres pertenecen al Grupo Clarín: Clarín, La Voz del Interior (Córdoba) y Los Andes (Mendoza). Juntos nuclean al 47,8% de los lectores de todo el país. La Nación y Diario Popular también son actores importantes. La radio es el medio con más diversidad y con más dueños, si bien está más concentrada en términos de audiencia. Cuatro grupos (Clarín, América, Indalo, Cadena 3) controlan gran parte del mercado de la radio en el país. En los cuatro sectores, cuatro conglomerados concentran el 46,25% de la audiencia nacional, y un 25% está en manos del Grupo Clarín.

Destacamos que la irregular apropiación de una radio de alcance nacional, como Radio Mitre y la de un canal de aire, como Canal 13 marcaron el comienzo de la avanzada sin límites del Grupo Clarín, lo que le permitió hegemonizar la palabra y la imagen a su antojo.

La impresionante concentración que protagonizó en un medio como la televisión por cable estuvo vinculada al control que ejercieron sobre el fútbol, una pasión argentina. El manejo arbitrario de la noticia, el direccionamiento discrecional de la audiencia, y el hostigamiento a toda forma de competencia, le permitieron convertirse, por lejos, en el principal oferente de ese servicio y de muchos otros, con los consiguientes nocivos efectos que toda oligopolización implica. Más tarde, ya en el gobierno de Mauricio Macri se quedarían con las telecomunicaciones, al “adquirir” las empresas Nextel y Telecom.

La larga y enconada lucha del Grupo Clarín contra la vigencia de la ley 26.522, llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual, demuestra su vocación hegemónica. Entre el día que la Presidenta de la Nación firmó el Decreto de promulgación de la ley y el día en que seis de los siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación suscribieron la sentencia definitiva expresando que la norma era constitucional transcurrieron cuatro años, el tiempo que dura un mandato presidencial.

El Grupo Clarín inició el atajo judicial pidiendo la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley por considerar que afectaba el derecho a la libre expresión y que él particularmente se veía agraviado en sus derechos patrimoniales al tener que desprenderse de algunos medios para adecuarse a las nuevas prescripciones. El Máximo Tribunal judicial del país desechó sus argumentos en una sentencia que expresó: “es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado” (…)

“La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad. Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes.” (…) “Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable”.

Lo precedente es solo una síntesis incompleta del poder del Grupo y de su fraudulenta génesis. Un poder tributario de la dictadura, de la ilegitimidad, la ilegalidad y el delito. Ese poder condiciona las instituciones de la República y por ende la vida de toda la población argentina.

El Decreto 690/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández declaró servicio público esencial y estratégico el acceso a internet, telefonía y televisión por cable. La APDH celebró la medida toda vez que con ella se persigue la ampliación de derechos, imprescindibles, al conjunto de la población.

Las empresas del grupo Clarín nunca cumplieron la norma. Primero se ampararon en un fallo de un juez de Córdoba para una pequeña empresa evidentemente articulada con el monopolio y más recientemente consiguieron una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a favor de Telecom. Estas medidas judiciales vulneran directamente a millones de personas, menoscabando sus derechos. Cuentan para concretar sus objetivos monopólicos con jueces y funcionarios diversos dispuestos a defender sus intereses, vaya a saber a cambio de qué, a costa del conjunto de la sociedad argentina.

Sumado a todo esto, la prédica sediciosa de los medios del grupo, la militancia activa saboteando cada una de las medidas sanitarias que las autoridades nacionales implementan en esta etapa crítica, la manipulación aviesa de la información con fines criminales, la extorsión a empresarios, jueces, fiscales y políticos, son acciones desestabilizantes que jaquean nuestra Democracia.

Convertido en operador político de primer orden a favor de los grupos concentrados, el Grupo Clarín instrumenta un guión coordinado, que niega el pluralismo, corroe la soberanía popular, desinforma consciente y consistentemente, provocando no sólo confusión general sino también reacciones violentas incompatibles con el Estado de derecho.

Excede las posibilidades de este texto hacer una descripción exhaustiva el daño a los derechos humanos y a la Democracia que viene generando la manipulación de la información que lleva a cabo el Grupo Clarín.

Sin mencionar los delitos con que se señala o imputa a sus directores y periodistas, el grupo Clarín violenta la legislación que está en vértice de nuestro ordenamiento jurídico: los artículos 14, 42 y concordantes de la Constitución Nacional; los artículos 7, 10, 11, 19, 23, 27 y concordantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 11, 13, 13, 23 y concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 19 y concordantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas.

Los hechos que aquí destacamos con preocupación y las graves consecuencias que de ellos derivan, nos llevan a solicitar de las autoridades y organizaciones de la sociedad, lo que sigue.

Al Poder Ejecutivo Nacional:

- Trate la posición dominante del grupo Clarín en la Comisión de Defensa de la Competencia y todo otro organismo pertinente.

- Reponga mediante un DNU las cláusulas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el ex presidente Mauricio Macri derogó por un DNU.

- Prohíba por normativa contratar empresas en desacato a las disposiciones regulatorias, incluyendo pauta publicitaria.

- Investigue a través de la AFIP, CNV, UIF y todo otro organismo regulatorio del Estado, a los grupos de medios dominantes, incluyendo lavado de dinero, empresas offshore, evasión, etcétera.

- Envíe un proyecto para democratizar y regular la provisión de papel para diarios en Argentina, en el mismo sentido de la Ley 26.736 derogada por el ex Presidente Mauricio Macri a pedido del grupo Clarín.

- De cuenta del accionar de los representantes de Estado Nacional en el Directorio de Papel Prensa.

- Controle, a través de la Inspección general de Justicia y otros organismos y agencias estatales, la conformación societaria de los grupos concentrados de comunicación. Haga pública la información y verifique la existencia de fraudes en la concesión de licencias, distribución de dividendos, precios de transferencia, aspectos impositivos y otros.

Al Congreso de la Nación, le solicitamos:

- Reponer la operatividad plena de la Ley 26.522 mediante la derogación del DNU del ex Presidente Mauricio Macri que la derogó de facto.

- Reponer la Ley 26.736 de regulación del papel de diarios, insumo aún muy importante para garantizar la libertad de expresión.

- Regule expresamente la operatividad del Derecho de Rectificación o Respuesta, tal como prevé el Art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica.

- Promueva legislación que sancione campañas de odio y promoción de la violencia por parte de los medios de comunicación.

- Establezca incentivos legislativos al pluralismo comunicacional e informativo.

- Instituya mecanismos legales de control que impidan a los grupos concentrados cometer fraude en la concesión de licencias y en otros terrenos.

Al Consejo de la Magistratura Nacional:

Con el objeto que a través de la oficina de Auditores de ese Cuerpo, investigue los expedientes que se denuncien y que pudieran presentar irregularidades y/o presunciones o indicios de colusión en perjuicio del interés general o bien, en beneficio de alguna de las partes, en particular en los que han intervenido o intervienen grupos económicos que operen en el mercado de la comunicación.

A los Organismos de Derechos Humanos y las Organizaciones libres del Pueblo

A fin de que acompañen esta iniciativa, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, que entendemos será, en definitiva, en defensa de derechos fundamentales que deben preservarse para resguardo de las instituciones democráticas y la efectiva consolidación del Estado de derecho en nuestro país.

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH)

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