El Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos presentó una nueva denuncia penal contra el intendente Enrique Rossi por presuntas irregularidades detectadas en contrataciones y pagos realizados durante 2024 y 2025. La acusación alcanza además a los secretarios de Hacienda y Gobierno, y de Obras Públicas.

La presentación fue ingresada el 26 de diciembre ante la Fiscalía local, pero tomó estado público en las últimas horas. La primera denuncia, también impulsada por el órgano contralor, fue en 2025 por defraudación a la administración pública.

La denuncia fue impulsada por los vocales Omar Torres y Gabriela Dergo, quienes solicitaron la investigación de una operatoria vinculada a un proveedor municipal. Ambos habían promovido la acción anterior.

Según la denuncia, los pagos observados ascienden a $98.650.967,40, de los cuales ya se habrían abonado $39.202.414,89. En la presentación se solicita investigar posibles delitos de «malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

En la denuncia se advierte que el proveedor «inició su relación con la Municipalidad como personal contratado» y luego pasó a facturar como monotributista. Los vocales señalaron que «cuando se celebraron las contrataciones observadas, el proveedor no integraba el Registro de Proveedores Municipales, sino que figuraba como empleado contratado».

El Tribunal cuestionó además contrataciones directas que habrían superado los montos permitidos por ordenanza. En uno de los casos, se indicó que «el importe mensual autorizado supera el monto máximo para contratación directa» y se agregó que «no existe la factura correspondiente, aunque los pagos fueron efectivamente realizados».

Otro punto central es la falta de respaldo documental. En distintos tramos del escrito se remarca que «no hay factura, ni resolución, ni contrato válido que justifique el gasto».

La denuncia también señala el alquiler de vehículos y maquinarias que no serían propiedad del proveedor. En ese sentido, se advierte que «se facturaron camiones y maquinarias que no son de titularidad del proveedor, sin contrato de comodato válido ni autorización del titular registral».

Además, los vocales denunciaron una restricción sistemática al acceso a la información pública. Según el escrito, existen “más de 300 resoluciones municipales que no se exhiben en el registro y a las que este Tribunal no ha podido acceder”, pese a los reiterados pedidos formales.

Las otras denuncias

Torres recordó que esta no es la primera denuncia penal presentada contra la gestión del intendente Enrique Rossi y cuestionó la falta de respuestas judiciales.

Según explicó el vocal al diario Río Negro, las presentaciones anteriores fueron realizadas ante la Fiscalía de Cipolletti y estuvieron vinculadas a distintos hechos ocurridos durante el primer año de la actual administración. Uno de los casos fue el gasto realizado para la fiesta aniversario de la ciudad, donde según indicó se contrató a una empresa que recién iniciaba actividades y cuyas únicas facturas correspondieron al municipio. Al revisar los pagos, el Tribunal detectó que el monto abonado superó en más de 10 millones de pesos lo registrado en los contratos.

Torres también señaló denuncias vinculadas al pago de 60 millones de pesos a ATE, fondos que no estaban debidamente registrados en el sistema contable municipal, según indicó. A esto se sumó una operatoria con una inmobiliaria local, donde se habrían devuelto terrenos a cambio de luminarias que, de acuerdo al Tribunal, nunca fueron incorporadas ni registradas formalmente.

Otro antecedente mencionado fue la autorización para el uso de un vehículo particular del intendente con gastos de combustible a cargo del municipio. Torres aseguró que se detectaron consumos reiterados y situaciones irregulares, entre ellas dos cargas de combustible realizadas el mismo día.

Sobre el estado de esas denuncias, el vocal fue categórico, «fueron cuatro o cinco presentaciones que hicimos y no pasó nada». Por ese motivo, explicó que la nueva denuncia se presentó con una estrategia distinta, orientada a constituirse como querellantes. “Denunciamos para no ser cómplices”, afirmó, y advirtió que el Tribunal continuará recurriendo a otras instancias judiciales si no hay avances. (ADN)