El bloque de legisladores del partido Justicialista – Nuevo Encuentro presentó hoy un proyecto de Comunicación expresando su rechazo al reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 302/24, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el pasado 10 de abril de 2024. Este decreto, impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei, plantea la derogación de disposiciones regulatorias clave en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), específicamente en lo concerniente a la telefonía móvil.

Entre los puntos objetados por los parlamentarios se encuentra la propuesta de modificar el artículo 48° de la Ley N° 27.078, que regula las TIC, sustituyéndolo por una disposición que permitiría a los licenciatarios de servicios de TIC fijar sus precios sin control estatal, lo que podría conllevar a aumentos desmesurados y falta de acceso equitativo para los ciudadanos.

Asimismo, el Decreto N° 302/24 busca derogar el artículo 15° de la mencionada ley, el cual reconoce el carácter de servicio público esencial y estratégico de las TIC en competencia, eliminando así la protección y garantías para los usuarios en términos de acceso a servicios de telecomunicaciones.

Los legisladores argumentan que estas medidas, en lugar de promover el desarrollo y la competencia en el sector, podrían resultar en un perjuicio para los ciudadanos, especialmente aquellos en regiones remotas o con baja densidad poblacional, donde la desregulación podría llevar a una falta de inversión y acceso a servicios esenciales.

En este contexto, se hace un llamado a la reconsideración del Decreto N° 690/20, el cual reconocía la importancia de los servicios de TIC como públicos esenciales y estratégicos, y establecía garantías para su disponibilidad efectiva, medida que los legisladores consideran fundamental para asegurar un acceso equitativo y asequible a las telecomunicaciones en todo el territorio argentino.

El bloque de legisladores del Justicialismo – Nuevo Encuentro insta al Poder Ejecutivo Nacional a tomar en consideración estos fundamentos y a priorizar el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos en materia de comunicaciones y tecnología.