Ordenaron el desalojo de los mapuches en un plazo de 72 hs.

Lunes, 16 Septiembre 2019 23:00 Escrito por  Publicado en Judiciales

Asimismo, se ordenó la restitución al propietario del terreno de Cerro Ventana sometido a cuestión. El juez de Garantías Sergio Pichetto, aceptó la formulación de cargos que presentó la Fiscalía contra nueve personas acusadas por usurpar un predio en disputa entre un privado e integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo y otorgó un plazo de cuatro meses para investigar.-

Los fiscales Martín Lozada, Gerardo Miranda e Inti Isla, formularon cargos por el delito de usurpación contra Ramiro Buenuleo (43), Rosa Buenuleo (37), Lucas Dinamarca (22), Sandra Ferman (33), Nahuel Maliqueo (18), Mauro Millan (49), Nicolás Quijada (18) y Claudio Raile (34). La acusación describió los elementos probatorios reunidos a la actualidad y solicitó un plazo de cuatro meses para investigar. Además, pidieron el desalojo de la tierra y la restitución al denunciante.

El juez de garantías Sergio Pichetto admitió esta tarde los cargos contra 9 mapuches por el delito de usurpación y dispuso que la investigación se complete en 4 meses. Pichetto dispuso que el desalojo se haga en un plazo de 72 horas, a partir de que el fallo quede firme.

La fiscalía anticipó que se hará con personal del COER. De todos modos, la defensora particular Natalia Araya anunció que impugnará la sentencia, que tendrá que revisar otro magistrado. En su alegato el fiscal jefe Martín Lozada dijo que no desconocen la ley 26160 de comunidades indígenas, en materia de posesión de la tierra, pero sostuvo que en este caso no es aplicable por las maniobras subrepticias y violentas que ejecutaron los acusados para tomar la tierra.

Los fiscales destacaron que “los derechos no se toman por asalto” y que todos los intentos por mediar y lograr una solución pacífica habían fracasado, pero que además los acusados no habían respetado acuerdos verbales y luego de las entrevistas mantenidas, continuaron ingresando materiales de construcción y elementos a la propiedad en disputa, construyendo un pequeño refugio para las personas que allí estaban.

Para el fiscal ajunto Sergio Miranda, se acreditó la violencia desplegada por los imputados a partir de ingresar en gran número a la propiedad y lo hicieron en clandestinidad y aseveró que el ya fallecido Antonio Buenuleo había firmado en 2001 un boleto de compra y venta con Claudio Thiek, quien a su vez, en el año 2009, le vendió a Friedrich. Para documentar todo, el propio Buenuleo concurrió a una escribanía a certificar su firma.

La abogada Laura Zannoni, representante de Friedrich, acompañó la descripción del hecho realizado por la Fiscalía y afirmó que era su intención dialogar. Al mismo tiempo, ofreció testigos para confirmar que su asistido llevaba varios años en el lugar. La defensora particular Natalia Araya realizó una serie de planteos que fueron rechazados.

Para el juez Sergio Pichetto, la descripción del hecho que realizó la Fiscalía resultaba típica y al considerar que reunía todos los requisitos, habilitó la investigación por el plazo de cuatro meses. “Si ocurrió como dice la Fiscalía, hay un posible delito de usurpación”, aseguró.

Superada esa instancia, el fiscal Gerardo Miranda aseguró que el delito se seguía cometiendo y correspondía que la Justicia tome las determinaciones que correspondan para hacer cesar el delito y pidió el desalojo preventivo del predio y la restitución al denunciante. El fiscal adujo que si se dejaba pasar el tiempo cada vez habría más cantidad de gente instalada en el lugar “y después no hay vías para sacarlos, al menos no pacíficamente. No queremos que esto sea otro Rafael Nahuel”.

En ese sentido el juez Pichetto recordó que después de los intentos conciliatorios que desarrolló la Fiscalía, los acusados ingresaron materiales y “consolidaron la toma”, por lo que verificados determinados requisitos legales, ordenó el desalojo, previendo que el mismo se realice dentro de las 72 horas de haber quedado firme su decisión.

Destacó que su decisión era revisable y de hecho la defensa dejó asentado su derecho a impugnar el fallo de Pichetto. No obstante, el magistrado puso en cabeza de los fiscales Lozada, Isla y Miranda la concreción de la medida, ordenando que sea realizada en horas del día y con buenas condiciones climáticas, convocando además a todos los organismos proteccionales que correspondan.

El magistrado dispuso una orden de no innovar, por lo que ni los integrantes de la comunidad, ni el denunciante, podrán interferir ni realizar ningún tipo de modificaciones en el lote en cuestión. Además, ordenó el desalojo de las tierras ubicadas al pie del cerro Ventana.

Si no se retiran voluntariamente, el desalojo será compulsivo, dentro de las 72 horas posteriores a que la resolución quede firme. La defensa, se reservó el derecho de impugnar.

Modificado por última vez en Martes, 17 Septiembre 2019 23:10

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