Sobreseyeron a los empresarios por la supuesta venta del Grupo Indalo

Viernes, 13 Septiembre 2019 20:00 Escrito por  Publicado en Judiciales

Los empresarios Cristobal López y Fabian De Sousa fueron sobreseídos por la supuesta venta del grupo Indalo. La decisión fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. El dato es clave: fue precisamente esa supuesta venta la que derivó en la detención de los responsables del grupo Indalo en diciembre de 2017. (foto radio Mitre)

Este fallo podría implicar que las defensas reclamen al Tribunal Oral Federal 3 su libertad. López, De Sousa y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray están siendo juzgados por no haber pagado al fisco 8 mil millones de pesos destinados al impuesto al combustible. Ayer, De Sousa sostuvo que hubo una persecución política por parte del presidente Mauricio Macri. (Infobae)

La otra Campana: "Se usó al Estado para robarnos y ponernos preso"

El empresario Fabián De Souza denunció al gobierno de Mauricio Macri de “persecución política” sobre la imputación por la presunta defraudación por el refinanciamiento de deuda de la petrolera Oil Combustibles y destacó que la Casa Rosada «utilizó el Estado para robarnos y ponernos presos”.

 “El 9 de marzo de 2016, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón nos avisó que ´empezaba la guerra´ y que cada uno se salve como pueda”, señaló el detenido empresario en su declaración indagatoria en el juicio oral.

De Sousa se refirió a la denuncia interpuesta por Elisa Carrió en 2016 tras una publicación periodística que postulaba que, junto a Cristóbal López, habían dejado de pagar al fisco $8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) para financiar su grupo económico.

Destacó que esa noticia fue un émulo de otra publicada en 2013 -de idénticas características y con la misma denunciante- que fue desestimada como un sobreseimiento firme por parte del juez Sebastián Ramos.

“Nos eligió el presidente Macri como los enemigos sociales -a los que había que hacer perder la libertad, el honor y el patrimonio- como cortina de humo para sus aberraciones, no contra Indalo, sino contra la sociedad argentina”, dijo De Souza.

 “Soy parte de una persecución política que comenzó el 10 de diciembre de 2015”, dijo y señaló que ahora, “es la primera vez que me puedo defender”, en relación a todos los anteriores pedidos de prueba que nunca fueron considerados por el juez Julián Ercolini.

Remarcó en varios tramos el hecho de haber sido detenido preventivamente durante casi dos años. “¿Saben por qué estoy acá? Porque la fiscalía y la querella, junto al juez dieron como delitos un sinfín de mentiras que fueron creadas para callarme, para robarme en un proceso de persecución inédito en la historia”, disparó.

De Sousa mencionó algunos datos técnicos: que los préstamos entre compañías relacionadas con bajas tasas de interés y a largo plazo son considerados por la Justicia como “aportes irrevocables” de capital según la jurisprudencia (uno de los puntos sobre los que se apoya la acusación); que hubo un contexto macroeconómico en 2013 (similar al actual respecto de la devaluación sumada al congelamiento de precios a la nafta como medidas oficiales) que explicarían la necesidad de solicitar planes particulares de AFIP; que no existió perjuicio para el fisco ni defraudación; que hubo “un 100% de impuestos pagos en tiempo y forma”; y que “este es en realidad un juicio político y por cómo pensamos”, en alusión a no haber puesto a disposición del Gobierno el conglomerado de medios de comunicación bajo su mando, una denuncia penal contra el oficialismo que tramita ante la jueza María Servini.

También detalló que fueron investigados patrimonialmente y que no se encontraron cuentas en el exterior no declaradas o con beneficiarios finales que no fueran López y De Sousa. “Somos nosotros, no hay más nadie. No nos han detectado un peso que no nos corresponda”, dijo en alusión a las permanentes denuncias de Carrió relativas a vincularlos a ambos con el matrimonio Kirchner.

De Sousa explicó que en abril de 2013, la AFIP modificó un plan que vigente desde 2002 que permitía el pago permanente en cuotas, meses antes a que solicitaran acogerse a un plan por la petrolera. Y que las empresas tuvieron múltiples inspecciones durante la era Echegaray y posteriores, en las cuales solo se impugnó un crédito de IVA por facturas de viáticos por la suma de $800.000, como único resultado de las fiscalizaciones. Por eso, volvió a resaltar la incorporación de la “única prueba independiente” en el juicio que es la pericia oficial de la Corte que no solo derribó el número de $8 mil millones de deuda, sino que consideró que no había deuda exigible hasta el 10 de diciembre de 2015. (ADN)

Modificado por última vez en Viernes, 13 Septiembre 2019 21:23

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