Solicitaron audiencias de imputación por ocupaciones ilegales de terrenos

Viernes, 14 Febrero 2020 14:00 Escrito por  Publicado en Judiciales

En el marco de la investigación preliminar penal de diferentes hechos que constituirían el delito de usurpación, el fiscal Tomás Soto junto al fiscal adjunto Gerardo Miranda, solicitaron entre otras acciones, se fije fecha para audiencias de formulación de cargos; las cuales se llevarán a cabo en los próximos días.

Dichas audiencias tienen como objetivo atribuirle formalmente la comisión de un delito, a las personas que se encuentran residiendo en lotes privados y fiscales, ubicados en barrio San Francisco IV, Barrio Vivero (en un terreno que existe al lado de la escuela Cailén de esta ciudad), predio ubicado en calle La Habana y La Paloma y Cooperativa 258.

Cabe recordar que en los últimos días se desarrollaron diferentes reuniones a fines de mediar en el conflicto originado, tal lo dispone el Código Procesal Penal en el artículo 14, que les impone a los fiscales procurar “la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho a fin de contribuir a restablecer la armonía de su protagonistas”.

En la mayoría de ellas, realizadas con diferentes referentes de los grupos que se encuentran ubicados en los diferentes terrenos en conflicto se abordó las consecuencia legales de las acciones que vienen desarrollando y se trabajó en la posibilidad de mediar ante el Instituto de Tierras, Viviendas y Habitat Social de la Municipalidad de Bariloche. Fueron parte también de estas acciones, los efectivos policiales de las diferentes Unidades pertenecientes a la Regional Tercera de la Policía de Río Negro, cercanas a los lotes antes mencionados.

Se suma a ello el análisis pericial solicitado sobre distintos dispositivos secuestrados a cargo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones dependiente de la Procuración General y otras diligencias dispuestas en la investigación.

El Ministerio Público Fiscal continuará trabajando conforme al protocolo de ocupación masiva de inmuebles aprobado por resolución de la Procuración General de Río Negro.

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