“El Estado Nacional debe asumir –impostergablemente- la responsabilidad que le corresponde de solucionar los conflictos que surgen de los reclamos de los pueblos originarios, que aparecen en muchos lugares del territorio nacional, no solo en la Patagonia, reconociendo, en los casos que así corresponda, los derechos legítimos, diferenciándolos de los que no pueden serlo y poniendo en movimiento inmediatamente los mecanismos legales para que esos derechos legítimos puedan efectivamente ejercerse”
El planteo de ese grupo violento y sacrílego está relacionado con la orden de desalojo que dispuso el juez de garantías Martín Arroyo sobre el predio que la agrupación autodenominada mapuche Winkul Lafken Mapu ocupó hace un tiempo en Villa Mascardi.
La irrupción de los agresores se produjo horas antes de una audiencia por realizarse en la ciudad de San carlos de Bariloche donde la defensa del grupo mapuche de Villa Mascardi apelará el fallo del magistrado.
No obstante, la ejecución de la orden judicial quedó pospuesta por pedido del obispado de San Isidro, titular del predio usurpado hasta que se garanticen todas las medidas de seguridad, tanto para los usurpadores como para los efectivos de la fuerza de seguridad que deban llevar adelante la medida. Antes de huir, los mapuches que habían manchado con pintura el crucifijo, colgaron una bandera argentina manchada también con pintura roja en una de las ventanas de la parroquia. (AICA)
