Hay que remontarse a la crisis del 2001 para encontrar un derrumbe equiparable al que atraviesa al sector de la construcción. En este contexto se realizó la convención anual de la Cámara empresaria Argentina de la Construcción que preside Gustavo Weiss (foto LPO) quien fue durísimo con el gobierno y se quejó de la crisis del sector delante del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. «Nuestra situación empeoró con este gobierno», le dijo en la cara al Ministro Caputo.

«El 2024 está irremediablemente perdido», dijo el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CaMarCo). «No creo que haya ninguna reactivación este año», dijo.

El mensaje áspero para el gobierno fue reconocido por el representante de las constructoras. «Es un diagnóstico duro pero real que no puede estar ausente en nuestro encuentro anual», dijo Weiss tras enumerar problemáticas sociales producto de la recesión, pobreza, indigencia y narcotráfico.

Durante la jornada, quedó claro que para el sector de la construcción no se trata de un cataclismo natural, sino de una deliberada decisión del gobierno nacional por priorizar el frente fiscal. «Nosotros somos el sector que, fuera de los jubilados, más está sufriendo el ajuste», aseguró Weiss. «La parálisis de la obra pública produce un daño fiscal enorme», dijo.

Además el titular de la CaMarCo puso sobre la mesa una fenomenal deuda acumulada por parte del Estado. Se trata de 3.500 obras paralizadas, básicamente de rutas y viviendas por la deuda que mantiene el Estado con las empresas constructoras que superan los $ 400.000 millones, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado.

«Hubo pagos esporádicos pero el grueso de esa suma, aún está pendiente y con riesgo de licuarse por la inflación», insistió Weiss. «Lo primero que necesitan las empresas es que se les pague lo que se les debe por lo hecho. El gobierno posterga el pago porque privilegia el superávit y les viene bien porque la licuación es más grande», dijo.

Al ser consultado sobre el impulso a la actividad que puede traccionar la implementación del RIGI, Weiss dimensionó la participación del sector público en el sector de la construcción: «Aún si el país cumpliera con estas condiciones, en el mundo, las inversiones privadas no superan el 15% de la inversión total. El resto lo hace siempre el Estado», destacó.

Otra de las preocupaciones que esgrimieron desde el sector es la caída de los puestos de trabajo. Según el representante del gremio Gerardo Martínez, suman 130.000 los empleos directos perdidos respecto del año pasado como consecuencia de la caída de la actividad económica. Pero si se tiene en cuenta que, por cada empleo directo se genera uno indirecto, «el impacto potencial en el nivel de emplelo es prácticamente el doble» remarcó Weiss. (LPO)