RUPTURA. EL MUNICIPIO ASUME LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ALUMBRADO Y LA CEB RECURRE A LA JUSTICIA

Un conflicto que escaló en los últimos meses, concluyó el viernes cuando el intendente Cortés decidió poner fin a una delegación de funciones (operación y cobro del alumbrado público) que se prolongó por casi cuatro décadas. Desde la Cooperativa cuestionan las facultades del jefe comunal para rescindir el acuerdo y recurren a la Justicia para que dirima.-
La resolución emitida el viernes por la tarde dispone el cambio de régimen a partir del 1 de septiembre y señala que la ruptura “operará sin perjuicio de las obligaciones pendientes de rendición de cuentas, transferencias de fondos y cualquier otra responsabilidad” derivada del convenio.
Si bien no lo dice en el articulado, Cortés aclaró en los considerandos del documento que la finalidad del municipio es “recuperar la titularidad y gestión integral del servicio de alumbrado público”.
Mientras, el Presidente de la CEB, Alejandro Pozas, dijo que no hubo contacto previo entre las partes y que se enteró “por los medios” de la decisión municipal. Interpretó que el intendente no tiene atribuciones para rescindir el vínculo, que está refrendado por ordenanza y que cualquier modificación debería pasar también por el Concejo Deliberante.
Pozas dijo que las diferencias en torno al alumbrado público llevan ya algunos meses y señaló que ante la falta de acuerdo la CEB recurrió hace 15 días a la Justicia con un recurso de amparo, que está pendiente de resolución.
Explicó que el reproche principal de la CEB es que desde el año pasado la municipalidad dejó de actualizar la tarifa del alumbrado público, como lo hizo durante años por resolución del intendente. Sostuvo que ese desfase generó una deuda de 1.000 millones de pesos que la CEB tiene “debidamente documentada” y que así lo ha transmitido a la administración comunal.
Desde el municipio señalan que el conflicto surgió ante la negativa de la CEB de rendir cuentas de la recaudación y del gasto resultante. La discusión técnica quedará ahora centrada en la legitimidad de la resolución que desactiva un convenio aprobado por ordenanza.
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