Cuando su ex-pareja le avisó que se iría de vacaciones con el hijo que tienen común, el hombre no puso objeciones. Era parte del acuerdo posible dentro del régimen de visita que ambos establecieron tiempo atrás. Pero un detalle – luego otros- despertó ciertas sospechas sobre el fin de ese viaje a una provincia del norte del país: Ocurre que la mujer también llevó a «Toto» el perrito del niño.

El animal nunca había salido de la ciudad, cerca de la zona Atlántica de Río Negro. La venta de un colchón y los despachos de grandes cajas a una empresa de transporte convencieron al hombre que el viaje no era temporal y que la intención de la mujer era radicarse con el niño en otra provincia.

El hecho dio origen a una causa judicial por restitución, denuncias cruzadas por violencia, declaraciones de testigos, peritajes, audiencias con el niño, y finalmente una resolución: la jueza de Familia de Viedma que intervino en el proceso ordenó que el menor de edad regrese a la ciudad rionegrina donde tiene su centro de vida. Consideró ilegítimo el traslado unilateral decidido por la madre.

El padre del niño relató ante la jueza que llevó a su hijo a la casa materna, como habían acordado. Fue al mediodía. La madre no estaba; lo recibió la niñera. A los pocos días recibió en su teléfono una citación judicial desde otra provincia: su ex-pareja lo había denunciado por un supuesto episodio de violencia ocurrido ese mismo día, pocas horas antes de la partida. Él negó haber tenido contacto con ella y ofreció como prueba las cámaras de seguridad del banco donde trabaja.

A partir de allí, los indicios se volvieron pruebas. El Banco Nación, propietario de la vivienda que el hombre habitaba por su función, constató días después que la casa familiar había quedado vacía. Un escribano ingresó junto con un cerrajero: sólo quedaban algunos juguetes, una televisión, un sillón, ropa suelta. La madre ya no vivía allí.

Para entonces, el niño había sido inscripto en primer grado en una escuela del norte del país, había empezado fútbol en un club local y pasaba los días con su primo. También “Toto” se había adaptado a su nuevo entorno.
La madre alegó que no había tenido otra opción: habló de violencia psicológica y física, relató una historia de aislamiento, control y temor. Negó que se tratara de una mudanza planeada.

Explicó que viajó con el perro porque no podía pagarle a la niñera y porque su hijo no quería separarse de él. El expediente muestra otra línea de tiempo. Según la empresa de encomiendas, entre noviembre y enero se enviaron 15 cajas. Varios testigos relataron que parte del mobiliario había sido vendido, canjeado o embalado antes del viaje.

El centro del debate judicial fue el interés superior del niño. La jueza lo escuchó por video llamada, junto con una defensora de menores y una psicóloga del equipo técnico. El informe reveló un alto nivel de ansiedad, distracción, nerviosismo. El niño no pudo identificar claramente dónde vivía ni quiénes eran sus abuelos.

En paralelo, el equipo técnico señaló que no existían indicadores de riesgo en el vínculo paterno-filial. El contacto con el padre, desde el traslado, se limitó a video llamadas, muchas de ellas interrumpidas o vigiladas por la madre, lo que dificultaba la comunicación.

La jueza ordenó la restitución del niño a Río Negro, reafirmó que ese era su centro de vida, y consideró que el cambio de residencia se había hecho por vía de hecho, sin consentimiento del otro progenitor ni intervención judicial. Si la madre decide regresar a Río Negro, podrá convivir con su hijo y retomar el régimen provisorio homologado meses atrás. Si opta por quedarse en Entre Ríos, el niño vivirá con su padre y se establecerá un régimen de contacto con su madre.