Este año, a través de la Disposición Nº 01/2022 de la Subsecretaría de Transporte Automotor (modificatoria de la Disposición Nº 25/2009), se sumó un nuevo trámite obligatorio para todos los vehículos automotores, acoplados y semiacoplados que se fabriquen y comercialicen en el país o se importen y hayan ejecutado modificaciones al equipo.

Este nuevo trámite ordena que una persona denominada “Ingeniero Certificador” debe verificar de manera remota (no presencial), las condiciones técnicas que ya fueron controladas y autorizadas en el Taller de Modificación, lugar que la propia normativa obliga a concurrir para realizar las modificaciones de las unidades de transporte.

Esto genera que haya trámites con idéntico alcance, contenido y efectos, con una firma más. Esto equivale a un importante costo adicional, en manos privadas y sin control de afectación de fondos, ya que la citada Disposición prevé que AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor) «registre los datos en un sistema informático privado» no público, donde se asientan las modificaciones y realice la recaudación por este trámite duplicado.

Se estima que AITA recaudará un monto inicial mínimo de $ 450 Millones (hasta certificar todo el parque automotor) y dado que se siguen modificando vehículos, verificamos que se ha generado una caja discrecional de $ 50 Millones anuales.

Un dato más importante aún, se desconoce el destino de los fondos. Tortoriello sostuvo “Lo que resulta claro, es que este costo adicional no agrega valor a la cadena de costos del transporte de pasajeros, camiones y remolques, sino, por el contrario, incorpora un nuevo gasto burocrático e innecesario que no suma, sino que genera más malestar” concluyó. (pero da más trabajo a tantos ingenieros incapaces de generar sus propios ingresos o buscar ser empleados de obras públicas e incluso tener una certificación anual para que tengan un ingreso regular ¿no?).-