Lo decidió el juez Rafecas, dando lugar al pedido del fiscal Stornelli. Reiteró con urgencia una medida de no inscribir el juicio que hay en Buenos Aires sobre las 180 hectáreas del Ejército en Bariloche que cierto sector del Gobierno quiere entregar a una comunidad mapuche.

A pedido del fiscal Carlos Stornelli, Rafecas volvió a dirigirse al gobierno de Río Negro para que su registro de la Propiedad Inmueble deba registrar que esas tierras están bajo una investigación judicial y no pueden cambiar de propietario hasta que termine el proceso.

Ante una versión según la cual un sector del kirchnerismo quería entregar las tierras en los próximos días, Rafecas ordenó que “con carácter de muy urgente, se dispongan los medios pertinentes y necesarios para que la presente litis sea anotada registralmente”, informaron al diario Clarín fuentes judiciales.

La medida ahora la debe ejecutar la administración de la gobernadora rionegrina Arabela Marisa Carreras so pena de sufrir consecuencias penales si no cumple con la medida, explicaron las fuentes.

En virtud de lo solicitado por Stornelli luego de que la Cámara Federal revocó un rechazo del juez a la medida, Rafecas dispuso que se “deje constancia que el oficio librado al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro a fin de que se proceda a la anotación de este proceso de acuerdo a lo previsto por el artículo 229 de C.P.C.C.N. (anotación de litis) ha sido diligenciado en la División Delegaciones de la Policía Federal en fecha 5/12/2022, conforme surge del recibo de diligenciamiento correspondiente”.

Por otra parte, el juez federal ordenó que “atento lo informado por el Sr. Actuario en la nota que antecede, líbrese correo electrónico al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro a fin de requerirle la inmediata anotación de este proceso de acuerdo a lo previsto por el artículo 229 del Código Procesal de la Nación, conforme lo requerido en el oficio descripto precedentemente”.

Hace dos semanas, Stornelli solicitó a Rafecas que firme una medida cautelar para evitar que el gobierno entregue a organizaciones de la comunidad mapuche las tierras en las que funciona la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche. Rafecas lo rechazó pero la Cámara Federal porteña le dio la razón al fiscal.

Como argumentación bajo la cual estima que están dadas las condiciones jurídicas para que el juez intervenga en un proceso que está siendo sustanciado en los tribunales de Bariloche, Stornelli afirma que en Comodoro Py avanza una causa para investigar si funcionarios del ministerio de Defensa cometieron algún delito al presentar fuera de término la apelación al fallo con que la justicia de Río Negro le otorgó a los mapuches las 180 hectáreas que desde hace décadas están en manos del Ejército.

En un breve escrito, el representante del ministerio Público solicitó el amparo para «impedir, de momento y durante la sustanciación del presente proceso penal, la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia, tendiente a transferir el dominio de las tierras» en cuestión, y «cualquier otro acto que pudiera significar extraer las mismas del dominio público.»

El apuro de Stornelli, tal como él mismo lo refleja en su pedido, responde a que «la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió denegar los Recursos Extraordinarios interpuestos por el Ministerio de Defensa/Ejército Argentino y por el Ministerio Público Fiscal en el marco del citado expediente judicial» que tramita la controversia en la Patagonia. Aunque Defensa acuda a la Corte en queja, podría existir una ventana de tiempo en la cual las tierras sean transferidas a los indígenas.