Vecinos de El Manso expresaron en una carta a la gobernadora, Arabela Careras, su preocupación por la anunciada Sexta Marcha a Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA), partidos de izquierda, Gremios, DDHH y movimientos vecinalistas, liderada por el exmontonero Julio César Urien.-

En el texto, rubricado por alrededor de cuarenta pobladores de la región, se expone: “De acuerdo con la información pública en redes sociales, la organización FIPCA, liderada por el exmontonero Julio César Urien, pretende ingresar por el mal llamado ‘Camino de Tacuifí’, durante la primera quincena febrero de 2022, con la intención de llegar a lago Escondido”.

Se señala que es un camino privado que atraviesa sus propiedades, “No existe fallo del Superior Tribunal de Justicia que estemos incumpliendo”, afirman, a la vez que señalan que el sendero “no llega al espejo de agua del cual hablan”.

“El camino privado que lleva el nombre de Domingo Puchy, uno de los primeros pobladores de la zona, que con sus manos lo abriera a pico y pala, sigue siendo mantenido por los vecinos que ahí vivimos durante todo el año, desarrollando nuestras actividades productivas”, manifiestan.

Agregan que: “Somos respetuosos de aquellos que, por distintas razones, nos solicitan autorización para transitar por el mismo, lo cual no implica que exista una autorización genérica de paso a terceros no pobladores, y, menos aún, que justifique este nuevo, imperativo y agresivo anuncio de violentar nuestros derechos, como ya ha ocurrido en el pasado”.

Los firmantes citan «una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2018, donde se aprobó la Declaración de los Derechos de los Campesinos. En tal sentido, en referencia a ese documento, explican que: “Reconoce como uno de nuestros derechos fundamentales nuestra seguridad personal, la libertad de circulación para nuestra vida campesina y el derecho de consulta libre, previa e informada antes de cualquier decisión que pueda alterar nuestra vida, especialmente protegida”.

Remarcan que: “La organización FIPCA, acompañada por ATE, CTA, la Cámpora y otras agrupaciones, si bien dicen defender los derechos de los trabajadores, lejos está con su accionar en este caso, dado que están violando nuestros derechos como trabajadores campesinos”.

Se dirijen a la Gobernadora señalando que “Como comprenderá, no existiendo ley ni sentencia que nos obligue, el pretendido paso inocente y pacífico es una anunciada violación de nuestros derechos fundamentales, agresión que no estamos dispuestos a permitir”.

En tal sentido, advierten: “No estamos dispuestos a ser nuevamente una población violentada, golpeada, como lo fuimos en febrero de 2020, donde nuestras mujeres y niños soportaron la violencia de estos grupos” recordando los disturbios de aquella marcha anunciada como pacífica con policías heridos y enfrentamientos de manifestantes con pobladores de la zona.