El sujeto había sido alojado en la Comisaría 28 de Villa La Angostura por hechos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una nena cuando esta tenía entre seis y ocho años –hoy adolescente– y por unanimidad, los jueces Leticia Lorenzo, Dardo Enrique Bordón y Raúl Alberto Aufrancdel Tribunal revocaron la orden de prisión preventiva que pesaba sobre R.S., condenado por la violación de una nena.

Ante la decisión del tribunal revisor, que benefició con el arresto domiciliario al condenado, el abogado querellante Cristian Hugo Pettorosso cuestionó la decisión del tribunal revisor. Tras un cruce con uno de los magistrados, el letrado presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia.

Días atrás se llevó a cabo en Villa La Angostura la audiencia pedida por la defensa oficial de R.S. para revisar la prisión preventiva que el juez de garantías de San Martín de los Andes, Maximiliano Bagnat, había resuelto tras la condena del tribunal criminal integrado por los magistrados Diego Fernando Chavarría Ruiz, Mario Oscar Tommasi y Juan José Nazareno Eulogio.

El sujeto había sido alojado en la Comisaría 28 de Villa La Angostura por hechos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una nena cuando esta tenía entre seis y ocho años –hoy adolescente–.

El condenado cumplía prisión preventiva desde el lunes 6 de junio en el calabozo policial, pero lo jueces revisores Lorenzo, Bordón y Aufranc decidieron revocar la orden de prisión dictada por Bagnat y le otorgaron el beneficio del arresto domiciliario por tres meses, no pudiendo el condenado salir de su casa.

Cabe recordar que los acusadores públicos de este caso, el fiscal Adrián De Lillo y el defensor de los Niños José Luis Espinar, junto al abogado querellante Pettorosso le habían pedido al juez Bagnat la inmediata detención del acusado. Pedido que se sustenta en el peligro de fuga de R.S., a raíz de la gravedad de los hechos y la pena en expectativa que resta decidir en el próximo juicio de cesura, según sostuvieron los letrados de forma concordante.

Pese a las alegaciones brindadas por las acusaciones, el tribunal revisor decidió conceder al condenado por abuso sexual la prisión domiciliaria, por deficiencias técnicas -según sostuvieron los jueces- en el resolutorio de Bagnat. Pettorosso criticó la decisión liberatoria del tribunal, haciéndose eco de la indignación y angustia de la familia de la niña victimizada, según precisiones que han sido brindadas por las fuentes judiciales consultadas.

“Les dije que habían cometido un grave error, que estas son las decisiones por las cuales la gente no cree en la actividad de Justicia”, recordó Pettorosso en diálogo con Diario Andino. El abogado comentó que tras su intervención fue interrumpido por la jueza Lorenzo, quien le pidió al presidente del tribunal que terminara la audiencia.

Pettorosso relató que continuó con su exposición crítica ante la decisión del tribunal revisor, que procuró sentar bases impugnativas para derribar el fallo. Acciones que le valieron una nueva interrupción por parte de la jueza, quien pidió que se evalúe la conducta ante el Colegio de Abogados, planteo secundado por los otros dos jueces, Bordón y Aufranc.

A raíz del intercambio suscitado en la audiencia, Pettorosso denunció a la magistrada Lorenzo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén por considerarla intolerante en su actuación. “Se han vulnerado, entre otros derechos, la libertad de expresión de la víctima, quien además resultara revictimizada por la angustia nueva de saber que atacan a su abogado de confianza, después de soltar al preso, enviándolo a la comodidad de su casa”, argumentó.

Pettorosso denunció a los tres jueces ante el TSJ por considerar que se violaron distintas leyes, entre ellas la que protege a las víctimas de delitos, las reglas éticas de cortesía y tolerancia en la actuación judicial e inmunidad en la actividad profesional de los abogados.

Además, el letrado expuso planteos de nulidad y recusación a los jueces del tribunal por haber adelantado opinión en el intento de sancionarlo y también sostuvo la posibilidad de comunicar la acontecido a su propia colegiatura y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados. (diario Andino)