La concejal peronista Julieta Wallace presentó un recurso de revocatoria para frenar el referéndum impulsado por el intendente Walter Cortés, al que calificó como “nulo, ilegal y profundamente lesivo del orden institucional democrático”. El escrito, ingresado ante el Ejecutivo y dirigido al Tribunal de Contralor y la Junta Electoral Municipal, denuncia que la convocatoria excede las competencias del jefe comunal y viola de forma flagrante la Carta Orgánica Municipal.

Wallace sostuvo que Cortés incurrió en una “grave desviación de poder”, al convocar unilateralmente a una consulta popular sobre una decena de temas que, según argumenta, están siendo actualmente tratados por el Concejo Municipal, órgano que -remarcó- es el único facultado para someter cuestiones a referéndum, tal como establece el artículo 38 inciso 14 de la Carta Orgánica Municipal.

“El intendente pretende sustituir al cuerpo legislativo y manipular a la ciudadanía mediante un acto que no sólo es ilegal, sino que constituye una vía de hecho administrativa”, advirtió la concejal en el escrito.

Según la presentación, las resoluciones 1453-I-25 y 1459-I-25 -ambas firmadas por Cortés- deben ser revocadas por carecer de causa legal, basarse en antecedentes inexistentes y vulnerar el principio de legalidad. Además, Wallace solicitó que se suspenda de inmediato su ejecución para evitar “un daño institucional de difícil reparación”.

Entre los puntos más controvertidos del llamado a referéndum figuran propuestas como la creación de un plan solidario de obras viales, la autorización de plataformas de transporte privado, la imposición de una tasa turística, y la donación de un inmueble a excombatientes de Malvinas. Varios de estos temas -advirtió Wallace- ya cuentan con proyectos en tratamiento dentro de las comisiones del Concejo, lo que convierte a la consulta en una “maniobra deliberada para evadir el proceso legislativo”.

“El Ejecutivo no puede decidir por sí solo que los barilochenses voten sobre proyectos en trámite parlamentario. Es una grave afectación al procedimiento de sanción de las ordenanzas y una intromisión directa en la competencia exclusiva del Concejo”, remarcó.

La presentación subraya que ni el artículo 51 de la Carta Orgánica —que enumera las atribuciones del Intendente— ni las normas invocadas por el Ejecutivo (entre ellas ordenanzas ya abrogadas y leyes provinciales de otro rango) autorizan una convocatoria como la pretendida. Incluso se destaca que el único antecedente de referéndum no obligatorio en Bariloche fue dictado mediante ordenanza del Concejo, en 2009, y sobre un único tema.

Wallace también denunció que el acto administrativo fue dictado sin los procedimientos previos esenciales, como el dictamen jurídico obligatorio en casos de afectación de derechos colectivos, lo que a su juicio agrava aún más la nulidad del proceso. “Se está usando el aparato del Estado para manipular la voluntad popular con un fin deleznable: apropiarse de una competencia que no le corresponde”, disparó.

En su escrito, la concejal advirtió que de no revocarse las resoluciones se avanzará en acciones judiciales por la vía ordinaria. “Es un precedente institucional sumamente peligroso, que erosiona la división de poderes, vulnera el orden democrático y compromete la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, concluye.

El caso promete tensar aún más la relación entre el Ejecutivo municipal y la oposición, que ya venía en confrontación por diversos proyectos. Con el cronograma electoral corriendo hacia el 9 de noviembre -fecha propuesta para el referéndum- la discusión institucional recién empieza.