Comenzó el debate oral y público por diversos hechos que constituyen los delitos de usurpación, atentado contra la autoridad agravado, lesiones graves, violación de domicilio e incumplimiento de pautas para prevenir la propagación de la pandemia del Covid. Son dos los legajos que investigaron estos hechos y se arriba a juicio con una única acusación.

El fiscal de la Unidad Delitos contra las personas Tomas Soto, fue el primero en alegar quien describió el hecho objeto de la acusación ocurrido el 13 de octubre de 2020, cuando César Daniel González se hizo presente en el domicilio de la víctima sin el consentimiento de ésta.

Luego de iniciar una discusión que derivó que el acusado tomara un elemento contundente y comenzó a romper los vidrios de la casilla rodante que se encontraba en el interior del terreno, el cual es de propiedad de la víctima.

Luego comenzó a agredir físicamente mediante golpes de puño y patadas en diferentes partes del cuerpo dejándolo en estado de semi-consciencia, a la víctima. Todo ello en el marco de las medidas dispuestas a nivel Nacional, Provincial y Municipal en relación a la prohibición de circulación y adopción de medidas para prevenir la propagación del virus Covid 19.

Enumeró el fiscal del caso, el listado de testigos que dieron cuenta de lo sucedido según la hipótesis de la fiscalía, la propia víctima, empleados policiales entre los que se cuenta el responsable del 911 donde se recepcionaron los llamados de los vecinos que alertaron de esta situación. Continuarán mañana declarando los restantes testigos propuestos por la fiscalía.

El fiscal de delitos contra la propiedad describió los hechos atribuídos al hombre, en su carácter de referente y líder, el haber promovido y facilitado la usurpación que se llevó adelante a partir del día 15 de agosto de 2021 hasta el 16 de septiembre de 2021 -fecha en que se llevó adelante la medida judicial de retiro de elementos del lugar-, en un lote ubicado sobre la ladera sur del Cerro Otto.

El acusado aduciendo la formación de una cooperativa, con listados de gente anotada e indicando en varias oportunidades que la Municipalidad les tenía que dar los terrenos y aprovechando que el Instituto de Tierras y Viviendas de ésta ciudad le otorgó una casilla para custodiar un terreno lindante a los terrenos que fueron ocupados, lugar donde se agrupaban las personas que luego consolidaron la ocupación.

Con este accionar, determinó la comisión del delito de usurpación, despojando del derecho real de posesión a los denunciantes.

El otro suceso atribuido por la fiscalía, es aquél sucedido en el mes de octubre de 2021, en la vía pública, cuando acompañado de un grupo de personas, intentaron ingresar al lote custodiado en dirección hacia donde se encuentra la casilla que el Municipio local le había cedido para cuidar otros espacios que pertenecen a la Cooperativa Liucura.

Hizo caso omiso a las diferentes advertencias que se le realizaron y al momento de su detención mientras era trasladado en un móvil hacia la Unidad 42, agredió físicamente a un agente de policía, con golpes de puño y cabezazos, provocando una herida corto punzante y múltiples laceraciones, con inflamación en el rostro. «Tenemos prueba contundente para demostrar la materialidad y la autoría» expresó el fiscal al cerrar su alegato.

El abogado de la querella por el hecho de usurpación, atentado contra la autoridad agravado e incumplimiento de pautas para prevenir la propagación de la pandemia del Covid adhirió en todos los términos al planteo de la fiscalía.

Los defensores públicos penales que asisten al acusado, en uno de los casos manifestó que trabajaron en otra teoría del caso y presentarán en el debate prueba que demuestre tal cosa.

En tanto que la otra defensora expresó que su defendido sufre hostigamiento por parte de la fiscalía y que en este debate no va a probar ninguno de los hechos, por lo que en el debido momento procesal solicitará la absolución de su defendido y la inmediata libertad.