Diferentes organismos y dirigentes se pronunciaron en rechazo del traslado, y señalaron que eso constituye “una grave violación de los derechos humanos”. No tienen el mismo criterio a pesar de haber cometido delitos, que la violación de los derechos humanos a quienes les quemaron las casas, destruyeron bienes y vivieron bajo constante amenaza de violencia incluidos tristas y vecinos que sólo pretendieron comer un asado en familia o tomar sol por ejemplo.-

Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada… incoherencia que le dicen. Las mujeres y los niños fueron dejados en el lugar con el fin de ganar tiempo y obstaculizar para que los restantes pudieran huir de la situación que consideran de guerra ya que no reconocen ni al gobierno ni a la argentina, en una suerte de «revancha» por lo que creen ha sdo una guerra perdida por la etnia.-

La jueza federal Silvina Domínguez ordenó el “inmediato” traslado imputadas bajo el cargo de “usurpación” porque “no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres”, en Río Negro. Dos de ellas permanecieron en Bariloche en razón de estar amamantando según un recurso que validó la jueza.-

La jueza federal Silvina Domínguez trasladó al penal de mujeres de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, a cuatro de las jóvenes detenidas durante el operativo en el que se desalojó de las propiedades tomadas, a los integrantes de la seudo comunidad de Villa Mascardi . Así el miércoles se realizó el traslado que estuvo a cargo de la Policía Federal (PFA).

Luego de quedar detenidas imputadas bajo el cargo de “usurpación”, la jueza Silvina Domínguez se percató de que “no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres” en Río Negro para mantener aprisionadas y a resguardo a las implicadas en las tomas.

De esta forma, ordenó que de “inmediato” Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera fueran trasaladadas al penal de mujeres de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires.-

La Jueza había ordenado que también se trasladara a Betiana Ayelén Colhuan (el soporte intelectual de la toma) y María Celeste Ardaiz Guenumil a otra unidad penitenciaria de Buenos Aires. Sin embargo, su abogada intervino para reclamar que ambas mujeres tienen bebés de pocos meses y aún continúan con la lactancia.

La jueza accedió entonces a que las jóvenes permanezcan en unas dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras Romina Rosas, que está con un avanzado embarazo, sigue internada en el hospital Ramón Carrillo.-

Los abogados Andrea Reile y Ezequiel Palavecino apelaron la medida y cuestionaron que se traslade a sus defendidas a 1.600 kilómetros de su grupo familiar y lugar de residencia y consideran que esa medida “les causa un perjuicio adicional a su privación de libertad”.