“La Fiscalía Federal de Neuquen asume que es responsabilidad del personal de Parques Nacionales saber el día, la hora y la dirección en que se podría caer cada uno de los millones de árboles que se encuentran en los Parques Nacionales del bosque Andino Patagónico”. De esta forma «cuatro agentes se encuentran procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de autor y violación de deberes de funcionario público y lesiones graves”.

El curioso razonamiento se basa en que “El 1 de enero de 2016, en la propiedad privada conocida como Lolén, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín, un árbol, de la especie endémica roble pellín, cayó hacia la playa del lago Lacar, provocando víctimas fatales”.

Tras delinear el suceso, en el texto se destaca: “Este lamentable hecho aún genera un profundo dolor y desconsuelo en toda la sociedad” pero este error de la Justicia «lleva al padecimiento de cuatro de los miembros de la APN».-

“La caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque, los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos”, sostienen.

“No es un hecho de justicia responsabilizar al personal de la APN de las múltiples eventualidades que puedan ocurrir en la visita a extensas áreas naturales como: la mordedura de una serpiente, la caída de un árbol, el ataque de un puma, la picadura de un alacrán o de un mosquito”, añaden.

Así, ante la acción judicial que se desarrolla, cuestionan: “En caso de un fallo desfavorable, ¿quién se animará a mantener abiertas las áreas de uso público?, ¿quién estará dispuesto a organizar actividades turísticas y recreativas en las áreas protegidas?, ¿quién querrá conducir grupos de visitantes para que puedan conocer nuestros Parques Nacionales?”.

Y resaltan: “En definitiva, ¿quién estaría dispuesto a prestar servicios en estos espacios? Estas medidas no sólo afectan a los agentes de la APN, también podrían ser afectados prestadores de servicios, guías y concesionarios, siendo imputados”.

“Ante esta situación el personal de la Administración de Parques Nacionales se mantiene en estado de alerta y movilización. Se realizarán medidas de fuerza en todo el país para visibilizar este problema y explicar a la sociedad la gravedad de estas imputaciones, que generan inestabilidad laboral y jurídica a sus empleados y a todo el sector turístico, del cual dependen muchas economías regionales”, concluye el comunicado.