Con la presencia de casi la totalidad de los asesores legales de los Consejos Directivos Provinciales, se convocó a una reunión extraordinaria del colectivo de abogados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a fin de abordar la situación de los despidos en la Administración Pública Nacional, unificar criterios y resolver los pasos a seguir en ese ámbito. El encuentro se realizó de manera mixta, con participantes de modo presencial y remota.

“El nivel de ataque sobre los derechos de todos los trabajadores estatales es muy grave e inédito. El Gobierno ha decidido quebrantar en su parte medular el sistema jurídico vigente en nuestro país. La vulneración de garantías consagradas constitucionalmente demuestra que el accionar del Poder Ejecutivo en este momento no se corresponde con un período democrático”, puntualizó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y agregó: “Además de ratificar un plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país, también convocamos a una reunión extraordinaria de nuestros equipos jurídicos. Frente a la masividad de las cesantías y los oscuros y clandestinos mecanismos para instrumentarlas, necesitamos enfrentarlas de manera coordinada”.

“La conflictividad en el Estado se va a agudizar rápidamente y las presentaciones judiciales deberán acompañar el proceso de lucha no solo en la defensa de los trabajadores despedidos, sino también porque los delegados y dirigentes sindicales van a comenzar a ser criminalizados y perseguidos”, concluyó Aguiar.

Tras el encuentro Mariana Amartino, quien junto a Matías Cremonte y Alexis Barraza coordinan el Equipo Jurídico Nacional de ATE, señaló: “Realizamos una reunión federal con el objetivo de evaluar la inédita y compleja situación política que estamos atravesando en el país respecto del empleo público y hemos resuelto acciones para fortalecer la coordinación jurídica permanente, de manera de dar respuesta inmediata a las diversas situaciones que se vayan generando a partir de los despidos masivos en Estado”, manifestó la abogada.

Además del abordaje individual de cada caso desde los Consejos Provinciales, entre otros puntos, el cónclave resolvió en el caso del cierre total de organismos, realizar presentaciones de manera institucional atento a la obligación del Estado de prestar determinados servicios, funciones esenciales vinculadas a derechos.

Asimismo, se avanza en distintas presentaciones ante organismos internacionales de Derechos Humanos frente a los incumplimientos que se puedan dar por parte del Estado argentino o la violación de los tratados a los que está suscripto en tanto el trabajo es un derecho humano fundamental para la concreción de otros derechos humanos, tales como la Salud, la Educación, la alimentación y la vivienda digna.