El CCCLXXIV Congreso Extraordinario de la UnTER, que sesionó el 16 de abril en la ciudad de Ingeniero Huergo, con la presencia de las 18 seccionales de la provincia, resolvió por mayoría declarar insuficiente la última propuesta salarial del gobierno, sin medidas de fuerza, exigir una mejora en el cargo testigo y que los $ 30.000 restantes del blanqueo se incorporen al sueldo básico con los salarios del mes de junio.

Asimismo, la resolución del Congreso incluyó el mandato de que en la revisión del Decreto 530/08 se elimine el tope de kilómetros para el pago de la movilidad docente y que se modifique el criterio de pago que en la actualidad sólo cubre cuando el desplazamiento se realiza de una ciudad grande a una con menor cantidad de habitantes.

Tras una jornada de análisis y debate por demás extensa, pasada la 1 de la mañana de este miércoles el Congreso resolvió también incluir el requerimiento de reapertura de la paritaria en el mes de mayo; que se defina el cronograma del Concurso de Ingreso a la docencia para todos los niveles; oponerse a la derogación de los artículos 9, 10 y 11 de las Leyes Nacionales 26.111 y 26206, referidos a infraestructura escolar y centros de estudiantes.

Por otra parte, se definió por unanimidad rechazar enérgicamente el avasallamiento de derechos de trabajadores de la educación por parte de la patronal cuando interviene en situaciones complejas, y opta por castigar apartando ilegal e ilegítimamente a compañeros de sus puestos de trabajo con demagogia, antes de dar respuestas claras y articular acciones efectivas para el cuidado de trabajadores, estudiantes y familias que integran las comunidades educativas.

En ese sentido, el Congreso resolvió exigir la nulidad del sumario ilegal iniciado a las compañeras de la Escuela Primaria N° 313 de Cipolletti; que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos cese con el inicio de sumarios a sola firma, porque es improcedente; el cumplimiento del convenio 190 de la OIT, para que se garantice que les escuelas sean espacios laborales libres de violencias; y la elaboración de un instrumento de intervención para situaciones complejas, contemplando un artículo específico para situaciones de violencia en el ámbito laboral.