El gobierno de Río Negro es rápido de reflejos para profundizar conflictos. A tono con el clima de época, prefiere deslegitimar los justos reclamos de los docentes antes que cumplir con los compromisos salariales firmados en paritaria. Ni las operetas, ni los comunicados intimidatorios podrán frenar la decisión de miles de compañeros de adherir al paro.

Frente a la decisión del Plenario de Secretarios Generales de convocar a medidas de acción directa por el incumplimiento del gobierno de la paritaria del 23 de noviembre del 2023, el Ministerio emite un comunicado perverso, con el solo objetivo de desconocer su responsabilidad de respetar el acuerdo paritario homologado en el que se comprometió a pasar al básico las sumas fijas abonadas en septiembre y octubre durante el primer semestre de este año.

La última propuesta solo incluye sumas fijas por agente, lo que implica un retroceso en la calidad del salario porque se desdibuja el precepto a igual trabajo, igual salario para los compañeros con más de un cargo/horas, que debió tomar para poder llegar a fin de mes.

El profundo malestar generado por el accionar del gobierno, preanunció una altísima adhesión al paro. Frente a esto, aparecen las operaciones mediáticas similares a las armadas por el gobierno nacional para silenciar a quienes reclama por sus derechos.

Demasiadas muestras de voluntad para el diálogo ha tenido UnTER con un Ministerio que desde que asumió no ha podido demostrar fehacientemente su rumbo político a favor de la educación pública. Lamentablemente el voto favorable a la Ley Bases de la representante de JSRN, ex Ministra de Educación es la prueba de ello. Ese alineamiento con Nación avala el recorte al presupuesto educativo y el desconocimiento de la Ley de financiamiento.

Ratificamos la definición del Plenario de Secretarios Generales. Convocamos a los compañeros/as a llevar a las calles de toda la provincia nuestros reclamos, exigimos una inmediata convocatoria a paritaria para el próximo martes 18, con una propuesta salarial que respete los compromisos asumidos y contemple la necesidad del conjunto de los trabajadores de la educación. La resolución o la profundización del conflicto dependen exclusivamente de que el gobierno asuma su responsabilidad de respetar la ley.