Es para la realización del control de acusación en la causa que tramita en el legajo «investigación fiscalía 4 s/ fraude a la administración pública, administración fraudulenta y peculado» donde están imputados la ex intendenta María Eugenia Martini (foto); el inspector de obra Alfredo Milano y los empresarios Juan Castelli, de Oriente Construcciones, y Alberto Uzandizaga, de Alusa.

En el inicio de la audiencia encabezada por el juez de Juicio Marcelo Alvarez Melinger se planteó una cuestión preliminar por el abogado Carlos Aiassa quien en representación de Alberto Usandizaga, solicitó la intervención de una tercera profesional neuro piscóloga a fin de que se expida sobre el estado de salud de su asistido Usandizaga.

El fiscal jefe Martín Lozada consideró pertinente escuchar a la profesional propuesta, ello por considerar que existen contradiciones en las pericias que obran en el legajo entre la pericia de la titular del Cuerpo de Investigacion forense y la otra profesional actuante, por ello consideró necesario escuchar . «Hay cierto margen de dudas que merece ser aclarado», dijo Lozada.-

La defensa de algunos de los imputados en la causa de Techo Digno que se sustancia en nuestra ciudad, pidió la radicación en la justicia federal. La misma acción se repitió en los tribunales de Roca y Viedma. El impulsor es el abogado Damián Torres que representa a varios ex intendentes, otros en ejercicio, y empresarios.

La petición mereció una fundamentación de rechazo del fiscal Jefe, Martín Lozada quien señaló que como antecedente se puede contar con una causa tramitada en Corrientes relacionada al mismo programa de viviendas Techo Digno, en la que el Procurador General de la Nación resolvió su remisión al lugar donde había ocurrido el hecho investigado, más allá de donde provengan los fondos.

Ahora será el juez Marcelo Álvarez Melinger quien deba resolver. El magistrado también tendrá la última palabra sobre la inimputablidad del empresario Alberto Uzandizaga, titular de la constructora Alusa. La defensa alega imposibilidad para enfrentar el proceso judicial debido a su estado de salud.