Nota de opinión de Silvina García Larraburu (*): La inauguración de la Planta de Proceso del Proyecto Acuícola más importante de la Norpatagonia, refleja los objetivos que nos propusimos con la Ley Nacional de Acuicultura.

Durante mi mandato como diputada recibí una propuesta a fin de desarrollar un marco legal acuícola por parte de Lucas Maglio -entonces profesor de la universidad del Comahue- con el objetivo de consolidar la actividad en Argentina, puesto que la ausencia del mismo era una de las principales limitantes para su despegue definitivo.

A partir de entonces, formamos un equipo de trabajo junto a la Asociación Argentina de Acuicultura, y la Secretaría de Pesca de la Nación, y en 2015 logramos aprobar la Ley.

Con la Ley establecimos un régimen de fomento y desarrollo para el crecimiento del sector acuícola; la aplicación de estímulos para el aumento de la producción; incentivamos la investigación y capacitación en la materia; creamos el registro nacional y estipulamos las normas de calidad, salubridad y sustentabilidad de la actividad.

Fue un avance muy importante, porque logramos promover el desarrollo socioeconómico, cultural y profesional de los actores del sector con especial énfasis en las economías regionales y sentamos los preceptos de la coordinación entre las esferas nacionales, provinciales y municipales.

Sobre estas bases, el proyecto del grupo MarAndino pudo desplegar su producción en la costa neuquina y rionegrina del embalse ubicado sobre las aguas del río Limay.

Al mismo tiempo, el impulso a la generación de valor agregado, brindó los incentivos necesarios para que avanzaran hacia el procesamiento de la materia prima.

Argentina necesita diversificar y federalizar su matriz productiva, para lo cual es fundamental que sigamos propiciando iniciativas que favorezcan la producción y generación de empleo en orígen.

(*) Silvina García Larraburu es Senadora Nacional por Rio Negro