Nota de opinión de Andrea Fabiana Galaverna (*): En Bariloche, la elección del Defensor/a del Pueblo, figura vigente desde 2009, revive un debate urgente: ¿qué papel debe cumplir esta institución en una democracia donde el descontento ciudadano crece ante el abandono histórico en vivienda, servicios, transporte, salud y ambiente?

Su valor radica precisamente en su capacidad para incomodar. Incomoda a quienes ejercen el poder, porque expone sus omisiones; incomoda a los candidatos que asumen el rol sin verdadera independencia de los intereses políticos o económicos; pero, sobre todo, debe incomodar a un sistema que reduce la participación ciudadana a meros trámites formales.

La Defensoría no es, ni puede ser, neutral. Su legitimidad depende de tomar partido por los más vulnerables, interviniendo en las asimetrías entre el Estado y la ciudadanía. En una ciudad donde el saqueo inmobiliario y la degradación ambiental avanzan mientras persisten reclamos básicos sin resolver, su función es cuestionar, mediar y exigir. Sin embargo, su potencial se ve minado por un defecto de origen: la elección del Defensor sigue atrapada en lógicas de favores y acuerdos partidarios, lejos del escrutinio público.

En 2015, durante mi gestión, propuse modificar este mecanismo mediante una elección semidirecta. La idea era simple: que los candidatos presentaran sus proyectos en cada barrio, que la ciudadanía votara sus preferencias, y que el Concejo eligiera al titular entre los más votados. Así se evitaría la partidización del cargo y se devolvería la voz a los vecinos, un reclamo constante que escuché durante mis cuatro años en el puesto.

Pero aquella iniciativa chocó con la inercia de un sistema que prefiere la opacidad. Hoy, en un contexto de apatía electoral y crisis social, la elección del Defensor podría ser una oportunidad para reconstruir confianza. Pero para ello, los candidatos deben comprometerse con algo más que discursos: explicar cómo enfrentarán a los poderes fácticos, qué herramientas usarán para garantizar su independencia y cómo responderán a demandas históricas como el acceso a la vivienda o la protección ambiental.

Bariloche no necesita una Defensoría decorativa, sino una que —desde la ética y la firmeza— haga sentir su peso ante quienes ignoran los derechos del pueblo. Ser Defensor/a es incómodo cuando se ejerce con integridad, porque exige desafiar privilegios y amplificar voces marginadas. Pero es cómodo si se reduce a un cargo burocrático, sin voluntad para tensionar las estructuras que perpetúan la injusticia. En esta encrucijada, la ciudadanía debe exigir más que promesas: merece conocer proyectos concretos y mecanismos transparentes que eviten que el puesto sea, una vez más, botín de negociaciones a puertas cerradas.

(*) Dra. Andrea Fabiana Galaverna, Incluyendo Bariloche – ex Defensora del Pueblo