El organismo argumenta que la gravedad de la investigación por presunto abuso sexual a una menor, exige una acción inmediata para salvaguardar el interés público y la normalidad administrativa. Se trata de Gustavo Gaminao, secretario de Cultura y Guido Tripolati, subsecretario de Tránsito y Transporte. La determinación surge a raíz de una consulta legal del propio municipio, buscando orientación sobre cómo proceder en ambos casos.-

El organismo argumenta que la gravedad de la investigación por presunto abuso sexual a una menor, que ya ha trascendido a la opinión pública y a los medios, exige una acción inmediata para salvaguardar el interés público y la normalidad administrativa.-

Si bien el dictamen subraya que no se está prejuzgando la culpabilidad del funcionario, el Tribunal enfatiza que los hechos que lo llevarán a juicio oral «cuestionan los principios básicos de la ética pública». Por lo tanto, se considera «indispensable» que la autoridad municipal adopte medidas para proteger la institucionalidad, sin esperar a una sentencia definitiva.

La objeción en el caso de Tripolati se centra en la sospecha de colusión de intereses personales ante la elaboración y firma de un acuerdo con transportistas el pasado lunes. El Tribunal señala que este accionar excede las atribuciones formales de su cargo, lo que ha motivado la derivación de otros funcionarios involucrados en la firma a la junta de disciplina para su evaluación.

Además de Gaminao y Tripolati, el Tribunal de Contralor tiene pendiente una resolución sobre la situación de los delegados Pablo Rantul y Jaime Brecca, quienes también se encuentran bajo investigación del organismo de control. El Ejecutivo deberá extremar la designación de funcionarios y responsables de su gestión.-