Bajo el disfraz de Gendarme del mundo, LPO informó de la medida de Donald Trump que «firmó la orden ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% sobre Brasil, elevando el total al 50%, según informó la Casa Blanca en un comunicado publicado el miércoles. El comunicado de Washington dice que la medida busca «abordar las políticas, prácticas y acciones recientes del gobierno brasileño que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos».

El texto no menciona el comercio bilateral entre Brasil y Estados Unidos y no hay una sola referencia a superávit, déficit o volumen comercial entre ambos países. En ese sentido, la medida dejó fuera del impuesto a 694 productos, entre ellos, el petróleo, jugo de naranja, aviones, carbón y sus derivados, acero, castañas, carne, café y frutas.

Se trata del arancel más elevado entre los anunciados para los países que exportan al país. Según Trump, el recargo se impone, en parte, debido a «los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y al derecho fundamental de los estadounidenses a la libertad de expresión».

El comunicado afirma que el gobierno brasileño incurre en «persecución, intimidación, acoso, censura y acusaciones con motivos políticos», lo cual constituye graves violaciones de derechos humanos».

(N de la R: La eufemística referencia esconde en realidad la intención de Trump de intimidar al vecino país por su obsesión de ser independiente, con una justicia independiente que castiga la violencia y extorsión de cualquiera pero que afectó a Jair Bolsonaro, el representante de la ultraderecha de ese país que fue condenado por subversivo y promover un golpe de estado al Presidente que le hizo perder la elección).-

El texto menciona al ministro Alexandre de Moraes, a quien Trump acusa de intimidar a opositores e imponer censura a empresas estadounidenses. También menciona la congelación de activos de una empresa estadounidense como una forma de coerción.

Los productos importados por EEUU desde Brasil estarán sujetos a un recargo del 50 por ciento, es decir, además de los aranceles de importación ya aplicados, se impondrá un recargo del 50 % a partir del 1 de agosto.

Antes, Trump anunció la implementación de sanciones financieras contra el juez de la Corte Suprema, Alexandre Moraes, mediante la llamada Ley Magnitsky, una legislación que aborda graves violaciones de derechos humanos.

La medida se publicó en el sitio web del Tesoro de Estados Unidos, donde se menciona la inclusión del ministro bajo una sanción de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), perteneciente al Departamento del Tesoro.

Con esta decisión, Washington ordena la congelación de cualquier activo o activo que Moraes posea en Estados Unidos y también puede prohibir a las instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones en dólares con una persona sancionada.

Esto incluye, por ejemplo, a las compañías de tarjetas de crédito Mastercard y Visa. La sanción se produce después que Eduardo Bolsonaro (buscado por Interpol) y sus aliados realizaran una gira por Washington solicitando sanciones contra el juez que investiga a su padre.

La ley Magnitsky fue aprobada en 2012 por el Congreso estadounidense y lleva el nombre de Sergei Magnitsky, abogado fiscal y auditor ruso que destapó fraude fiscal y tramas de corrupción vinculadas al Kremlin. Detenido por las autoridades rusas, fue sometido a tortura y malos tratos y murió en prisión.

La primera funcionaria del gobierno de Lula en responder fue la secretaría general de la Presidencia, Gleisi Hoffmann, quien publicó en X que «la última sanción del gobierno de Trump contra el ministro Alexandre de Moraes es un acto violento y arrogante».

«Un nuevo capítulo en la traición de la familia Bolsonaro al país. Ningún país puede interferir en el poder judicial de otro. Solidaridad con el ministro y el Tribunal Supremo. El gobierno de Lula condena rotundamente este absurdo», cerró.

Lula dijo en el reportaje al New York Times antes de la confirmación de la sanción que «la Corte Suprema de un país tiene que ser respetada no solo por su propio país, sino también por el mundo». (LPO)