Nota de opinión de Roberto Fermin Bertossi (*) : Con tufillo políticopartidario se viene anunciando la realizacion del primer Congreso Internacional de Cooperativas entre los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba, bajo el lema «Dar voz, nos une»

Entre los disertantes, atónitamente está programado para el modulo “Asociativismo y Gestión Pública”, -precediendo a todas las autoridades democráticas-, un ex agente civil del gobierno de Facto para la redacción del decreto 20.337 del año 1973´;
(https://www.cronista.com/opinion/30-anos-de-Democracia-40-de-inercias-dictatoriales-cooperativas-20131029-0046.html)

Ello se entiende cuando un evento cooperativo, en principio, es un espacio democrático -no político ni corporativo- para la discusión y el intercambio de experiencias, logros y conocimientos entre pioneros, asociados, consejeros, funcionarios, expertos, docentes y estudiantes de la temática sin antecedentes, prohibiciones e incompatibilidades legales, judiciales ni dictatoriales.

Sin embargo, en algunos casos, puede ser utilizado para tapar irregularidades o encubrir situaciones problemáticas como inercias dictatoriales o descuidos de la ética pública en el control corporativo del INAES. Esta situación se da cuando eventualmente se prioriza y enturbia la imagen pública del evento sobre la ineficacia, ineficiencia o irregularidad en la gestión pública provincial y/o privada.

Resulta propicio entonces despejar suspicacias ratificando un cabal desempeño cooperativo, el cual, para ser tal, debe estar centrado solamente en el bienestar de las personas y ajeno a toda corrupción. Para ello resulta imprescindible la operatividad ejecutoria del artículo 36 de nuestra Constitución de la Provincia de Córdoba sobre Cooperativas y mutuales, cuando imperativamente proclamó: “El Estado Provincial fomenta y promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades”

Precisemos algunos desafíos indispensables para satisfacer la supremacía de esta manda constitucional por sobre el Facto:
1) Acentuar las vertientes formativas y empresariales; 2) profesionalizar la gestión; 3) lograr financiamiento propio o creación e incremento de fuentes de recursos genuinos a partir de convertir el valor de facto -perverso e histórico- nominal de los aportes asociativos, a su “real valor” (la tasa de inflación en Argentina promedió 189,56 por ciento desde 1944 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico de 20262,80 por ciento en marzo de 1990 y un mínimo histórico de -7 por ciento en febrero de 1954).;

4) mejorar garantías para asociados y terceros; 5) recibir un tratamiento tributario y crediticio conforme su naturaleza y características; 6) bregar por una nueva ley democrática y federal de cooperativas que en pleno 2025 reemplace al viejo decreto de facto (20.337/73); 7) promover el cooperativismo escolar, (por ejemplo, compras, usos y consumos en común, responsables e inteligentes, etc.);

8) simplificación y desregulación administrativa: abrogando el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), disponiendo la subordinación de las cooperativas y mutuales a la Dirección de Personas Jurídicas, conforme al artículo 148 del nuevo Código Civil y Comercial, el que ahora, precisamente las contempla y encuadra como persona jurídica privada. No especulativa y ambiguamente como «tertium medius». según decreto del Facto´
Por último, en vísperas de un congreso politizado, ratificamos a las auténticas cooperativas entre las opciones más favorables (y baratas) en orden a recuperar y mejorar desarrollo humano, sin corrupción; con democracia y sin asociados damnificados por tantos escándalos resonantes de cooperativas y mutuales en todo el territorio provincial.

(*) Roberto Fermin Bertossi – Experto Coneau, Cooperativismo