La propietaria de un terreno en Catriel, Río Negro, impidió el ingreso a operarios y maquinaria de una empresa que intentaba realizar tareas ambientales en un pozo abandonado ubicado en su predio. Ante la negativa, la petrolera inició una demanda por daños y perjuicios contra la mujer.

Ahora, el fuero Civil rechazó ese reclamo indemnizatorio y consideró que la dueña actuó dentro de sus derechos. La sentencia es de primera instancia y aún no está firme, por lo que puede ser apelada.

La disputa tuvo origen en una inspección de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro en Cipolletti sobre el pozo hidrocarburífero conocido como BLL 38. Al detectar falencias ambientales, el organismo solicitó a Petróleos Sudamericanos —empresa concesionaria en la zona— la ejecución de tareas específicas: cercado de la fosa, muestreo de suelo y detección de viejas cañerías abandonadas.

Para cumplir la orden, Petróleos Sudamericanos contrató personal especializado y maquinaria de la firma Bramix SRL. Cuando la cuadrilla llegó al lugar, la propietaria se negó a permitirles el ingreso. Según explicó, nunca se le notificó anticipadamente la visita y aseguró que la empresa pretendía ingresar por un camino indebido, con potenciales daños al canal de riego y a sus cultivos.

Ante la negativa, Petróleos Sudamericanos recurrió al fuero Civil de Cipolletti. Allí reclamó un resarcimiento económico por los gastos generados debido a la imposibilidad de realizar las tareas ambientales. La empresa argumentó que la mujer incumplió la Ley de Hidrocarburos, normativa que establece restricciones a los propietarios para impedir labores ordenadas por autoridades ambientales.

La dueña, por su parte, sostuvo que existía una causa judicial anterior relacionada con ese pozo abandonado, iniciada por ella misma contra otra petrolera por daños ambientales. La mujer consideró que permitir el ingreso podría alterar evidencia importante para su juicio previo.

En la sentencia, la jueza determinó que Petróleos Sudamericanos no acreditó haber notificado a la propietaria en tiempo y forma ni haber brindado garantías adecuadas por posibles perjuicios. Por eso, concluyó que la negativa estuvo dentro de lo razonable y protegió el derecho constitucional de propiedad de la demandada.

Finalmente, el tribunal rechazó íntegramente la demanda de la petrolera y determinó que la dueña no deberá abonar indemnización alguna.