Durante casi 20 años, una casa fue el escenario de una vida familiar. En esas paredes se escucharon risas de infancia, bebés, discusiones cotidianas. Pero también golpes, gritos, silencios forzados, amenazas. Una mujer vivió allí con su pareja y sus dos hijas. Todo cambió una mañana, hace tres años, cuando sufrió un ACV. Desde entonces, necesitó una silla de ruedas para moverse y una red de cuidados para seguir adelante. No encontró ni lo uno ni lo otro dentro de su hogar.

El deterioro físico coincidió con un agravamiento de la violencia. Sin acceso a sus propias cuentas, sin teléfono, sin visitas permitidas. Encerrada. La familia se fracturó. Las hijas comenzaron a hablar. Amenazas, violencia y un intento de femicidio. El miedo. Y una decisión: salir de esa casa y refugiarse en otra localidad, con lo puesto.

Después vino la denuncia, luego la causa judicial. La mujer pidió recuperar su casa, volver a habitarla. No por nostalgia. No por comodidad. Sino porque no tenía otra opción. Porque necesitaba continuar con su rehabilitación. Porque en Viedma están los médicos que la asisten. Porque allí sus hijas podrían reanudar sus rutinas. Porque alquilar no era posible. Porque vivir en casa ajena tampoco.

El Poder Judicial escuchó su pedido. Los informes sociales, los relatos de testigos, los expedientes anteriores hablaron de una historia marcada por la violencia económica, psicológica, física y sexual. Los técnicos que la evaluaron usaron palabras como “minusvalía”, “riesgo neurológico”, “alto riesgo de recidiva”, “abuso”, “feminicidio frustrado”. Pero ella dijo algo más simple: quiero volver a mi casa.

La jueza de la Unidad Procesal de Familia N° 11 de Viedma se enfrentó a una norma que pone un límite de dos años para la atribución de una vivienda tras la ruptura de una unión convivencial. El plazo legal ya casi había vencido. Entonces, la resolución buscó otra vía. Buscó en los tratados internacionales. Encontró respuestas en la Convención de Belem do Pará, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana. Todas esas voces coincidieron en algo: el derecho a cuidar y a ser cuidado también es un derecho humano.

Así, se atribuyó el uso de la vivienda a la mujer por el plazo de diez años. Los primeros dos serán gratuitos. Luego, el otro cotitular podrá pedir una renta. Durante ese tiempo, la casa no podrá venderse ni dividirse. Se trata de una decisión construida a partir de la interpretación normativa y el «diálogo de fuentes» que habilita el Código Civil y Comercial, sin declaración de inconstitucionalidad de las normas, pero poniendo el foco en los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales aplicables al caso. Se trata de una solución creativa pensada para restituir derechos, para reparar, para contener, para evitar que las secuelas físicas se agraven con nuevas violencias.

En la audiencia, la mujer contó que su hija, a veces, no tiene qué comer. Que la expulsaron de su casa por pedir dinero. Que su otra hija quiere volver a Viedma pero no tiene a dónde. Y que ella solo quiere lo que tuvo alguna vez: una casa, una cama para descansar, una cocina donde preparar el almuerzo, un lugar propio para vivir con sus hijas.

El fallo habló de equilibrio. No se pronunció sobre culpas, sino sobre derechos. Y en medio de todo, la casa se convirtió, otra vez, en un hogar posible.