UN HOMBRE FUE IMPUTADO POR HOMICIDIO CULPOSO

En una audiencia de formulación de cargos realizada en la mañana de hoy, se imputó a un hombre por el delito de homicidio agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor tal lo previsto en los artículos 45 y 84 bis del Código Penal, a raíz de un hecho ocurrido el 24 de abril de 2025 alrededor de las 18:30 horas, en la intersección de Avenida San Martín al 152.
En esas circunstancias, el imputado al conducir impactó con el sector delantero derecho de su vehículo a Guillermo Hiebaum, quien cruzaba la arteria desde la margen sur hacia el norte. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de carácter grave —entre ellas un traumatismo encefalocraneano— que derivaron en su fallecimiento el 1 de mayo de 2025 en el Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo” de San Martín de los Andes.
La Fiscalía sostuvo que el accionar del imputado fue imprudente y contrario a lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, al no circular con el debido cuidado frente a un peatón que atravesaba la vía pública.
Durante la audiencia, el hombre – quien es asistido por un defensor penal particular- brindó su versión de lo sucedido. Manifestó que ese día viajaba hacia el este de la ciudad y al circular por Avenida San Martín, con condiciones climáticas adversas, sintió un fuerte golpe en el lateral derecho de su vehículo. Afirmó que no alcanzó a ver previamente al peatón y que de inmediato detuvo la marcha para asistir a la persona que había caído.
El caso cuenta con sustento probatorio en actas de procedimiento, croquis y relevamientos del Gabinete de Criminalística, pericias médicas, registros fílmicos y fotográficos de cámaras de sistemas públicos y privados, entrevistas testimoniales, certificados médicos, constancia de test de alcoholemia con resultado negativo, informes del Cuerpo de Investigación Judicial, entre otros elementos incorporados a la investigación.
El Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y otorgó a las partes un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria. Las partes adelantaron que utilizarían ese tiempo para arribar a una solución alternativa a esta situación y que están trabajando en la actualidad en ese sentido.