Otro desarrollador inmobiliario angosturense, es acusado de múltiples maniobras de estafa vinculadas a un Fideicomiso, que avanzan en sedes judiciales. Según pudieron averiguar los colegas de DiarioAndino, tras el fracaso de la audiencia de conciliación, el expediente había ingresado en la fase probatoria, aunque por la complejidad del caso podría extenderse hasta finales de 2025.

Asimismo, las fuentes informaron que se han ofrecido numerosas pruebas documentales, informativas y periciales para reconstruir la operatoria del fideicomiso y determinar el eventual perjuicio sufrido vecinos.

En cuanto a las pericias, las fuentes adelantaron que podrían actuar en la investigación un perito contador, un tasador, un perito arquitecto, un perito psicóloga y un perito calígrafo, todo con el fin de dar precisiones sobre cómo se desarrollaron las maniobras de estafas y los posteriores ocultamientos por parte del desarrollador.

Entre las pruebas informativas solicitadas, el tribunal pidió documentación al Registro Notarial N° 8 de Neuquén, al Colegio de Escribanos, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a la Municipalidad de Villa La Angostura y a la Dirección de Rentas provincial, entre otros organismos. También se requirió información a inmobiliarias locales, para que aporten datos sobre la comercialización de los lotes y las comisiones percibidas.

En ese marco, los informes que elaboren los expertos, incluirán desde auditorías contables del fideicomiso, valuación de lotes, avance de obra y costos de construcción, hasta el análisis psicológico de los damnificados y la verificación de firmas cuya autenticidad fue negada por el desarrollador. Además, el tribunal ordenó realizar una inspección judicial en el terreno, para constatar el estado real de la obra.

En la próxima etapa, serán citados a declarar diez testigos clave, entre ellos escribanos, compradores y profesionales que habrían intervenido en el desarrollo del emprendimiento.

Por la complejidad del caso, las fuentes consultadas por ese medio apuntan que la sentencia de primera instancia difícilmente llegue antes de mediados de 2026 y no descartan que el proceso podría extenderse por la vía recursiva hasta la Cámara de Apelaciones e incluso el Tribunal Superior de Justicia.

La causa mantiene en vilo a decenas de inversores que aseguran haber sido víctimas de promesas de construcción incumplidas y maniobras de ocultamiento de información, en un negocio que involucra millones de pesos.