Una vecina de Villa La Angostura denunció ante la Policía a quien durante más de una década fue su administrador de propiedades. Según consta en el acta policial, el hombre habría amenazado a la propietaria, sub-alquilando ilegalmente una vivienda y generado deudas y perjuicios materiales que superan los tres millones de pesos.

La denunciante, identificada como Anabella Scarsi, aseguró en diálogo con Diario Andino que contrató al administrador ( identificado como L.T.F) hace más de 12 años para gestionar dos viviendas ubicadas en la calle Los Maquis del barrio El Once, en la calle Los Maquis. Durante los últimos dos años existió un contrato de locación, ya vencido, que regulaba la relación entre ambas partes.

Deudas, daños y una gestión bajo sospecha

Scarsi explicó que viajó recientemente a la localidad para recuperar sus propiedades, pero el administrador se negó a entregarle las llaves. Al revisar la documentación, descubrió una deuda de más de 3 millones de pesos en Rentas y otra de $ 170.000 en la Municipalidad.

“El hombre debía pagar los impuestos y siempre decía que lo hacía, pero al verificarlo comprobé que nunca concretó esos pagos”, afirmó la mujer.

Al ingresar a las viviendas, Scarsi encontró daños y faltantes: tulipas lumínicas, lámparas, somieres nuevos tirados, un futón, una mesa ratona y una heladera desaparecida, entre otros elementos. Además, el mantenimiento general del predio —que debía estar a cargo del administrador— nunca se realizó, generando más gastos a la propietaria.

Vecinos alertaron sobre actividades irregulares

La sorpresa más grande, sin embargo, surgió al conocer los testimonios de vecinos colindantes, quienes habrían denunciado reiteradamente ruidos molestos y actividades inapropiadas en el garaje de una de las propiedades, presuntamente sub-alquilado sin autorización.

“Los vecinos radicaron varias denuncias porque en el garaje de una de las propiedades, se hacían orgias y generaban ruidos muy molestos. Luego me enteré que se sub-alquilaba ese garaje para esos fines”, explicó Scarsi.

Estos hechos habrían derivado en profundos perjuicios morales y materiales para la propietaria, quien ahora planea iniciar acciones civiles tanto contra el administrador como contra los garantes del contrato.

Reclamo legal y perjuicios económicos

Según el testimonio de la vecina, el contrato establecía que, por cada día de demora en la devolución del inmueble, se debía abonar una multa diaria de $100, más el monto mensual de $850 dólares correspondiente a la renovación y el alquiler.

“Esa cláusula nunca se cumplió”, lamentó Scarsi, quien además denunció que tuvo que pagar de su bolsillo tareas de mantenimiento, retirar residuos forestales y reparar daños internos.

En el plano judicial, la denunciante evalúa acciones civiles para reclamar los perjuicios económicos y morales ocasionados, además de una denuncia penal por amenazas e injurias.

Qué dice la ley sobre sub-alquiler y amenazas

De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, el sub-alquiler sin consentimiento del propietario constituye una infracción contractual y puede dar lugar a la rescisión inmediata del contrato.

En casos donde además existan amenazas o coacciones, se aplica el Código Penal, que prevé penas de prisión o multa para quienes intimiden o perjudiquen a otra persona con violencia o amenazas.