Siempre sostuvimos que los grandes enemigos del Parque y la ciudad, son los arquitectos y sus serviles cómplices en los emprendimientos, que detrás del dinero destruyen el bosque, no respetan ordenanzas de construcción y luego pagan multas, en fin, de allí nos parece muy importante dar a conocer esta nota: «Vivimos en una ciudad donde la libertad —y hasta la propia posibilidad de habitar el territorio— parece medirse por la capacidad de pago. Ese criterio, cada vez más explícito, ha comenzado a definir el orden, las reglas y la distribución de los recursos colectivos. ¿Es este el laboratorio de un experimento anarcocapitalista y neoliberal instalado en uno de los paisajes más emblemáticos del país?

San Carlos de Bariloche, enclavada en el corazón de la Patagonia argentina y del Parque Nacional Nahuel Huapi, es reconocida internacionalmente por su belleza natural: montañas imponentes, lagos de aguas cristalinas y bosques que constituyen la esencia de su identidad y el motor de su economía turística. Sin embargo, ese patrimonio ambiental y social enfrenta hoy amenazas crecientes.

En las últimas décadas se consolidó un modelo de desarrollo urbano y turístico —extractivista— que prioriza inversiones privadas de gran escala. Su avance —acompañado por impactos ambientales y sociales cada vez más profundos y, en muchos casos, irreversibles— revela una trama de conflictos que ya resulta imposible ignorar.

La instalación de proyectos en zonas de alto riesgo geológico, la degradación de ecosistemas sensibles como humedales y bosques nativos, la progresiva privatización de espacios públicos estratégicos como las costas de los lagos y la creciente brecha entre la infraestructura destinada al turismo y los servicios básicos disponibles para la población residente configuran los síntomas más visibles de una tensión que se vuelve estructural.

A esto se suma un patrón persistente: las regulaciones ambientales y urbanísticas vigentes, cuando existen, son habitualmente eludidas o aplicadas con laxitud. Este funcionamiento favorece a grandes desarrolladores y grupos económicos, mientras desplaza los costos y riesgos hacia la comunidad y el ambiente.

La reiteración de casos, provenientes de actores distintos, pero con lógicas similares, revela que no estamos ante excepciones aisladas, sino ante una tendencia profunda en la forma en que Bariloche se piensa, se planifica —o se omite planificar— y se transforma. Veamos a continuación algunos de ellos:

La tragedia anunciada y las lecciones ignoradas en Villa Huinid

El desastre golpeó en junio de 2022, cuando un alud de lodo y piedras se precipitó sobre el complejo hotelero Villa Huinid, cobrándose la vida de tres turistas uruguayos. El trágico suceso ocurrió en un contexto de intensa actividad constructiva para un nuevo edificio dentro del complejo, emplazado en una ladera de pronunciada pendiente que había sido desforestada y exacerbada por varios días de lluvias.

Las investigaciones posteriores y las opiniones de peritos apuntaron a una cadena de presuntas negligencias. Las acusaciones formales recayeron sobre el arquitecto Carlos Arbetman y sobre el propietario de Villa Huinid, Claudio Roccatagliata, por no haber realizado los cálculos necesarios para un muro de contención y por avanzar en la obra sin haber obtenido la licencia de construcción requerida por el Municipio de San Carlos de Bariloche.

Al análisis de las causas se suma la bióloga Miriam Gobbi, quien sugirió que la significativa deforestación en la zona, con la remoción de numerosos ejemplares de cipreses, probablemente contribuyó a la inestabilidad del suelo, incrementando el riesgo de deslizamientos.7 Actualmente, tanto el Hotel Pioneros como el Hotel Bustillo del complejo Villa Huinid se encuentran operativos y el propietario del complejo fue sobreseído del juicio penal luego de alcanzar un acuerdo de reparación económica con los familiares de las víctimas.

«Cerro Lindo» lotes con precios de lujo sobre bosque nativo y en zona de riesgo

El proyecto inmobiliario «Cerro Lindo», se extiende por ambas laderas del Cerro Otto, montaña que domina el paisaje de la ciudad. Con una superficie total de 216,97 hectáreas, de las cuales aproximadamente 100,62 hectáreas se destinarían a urbanización para viviendas unifamiliares y módulos para residencias multifamiliares, bajo el desarrollo del Grupo Klover.

Una de las críticas más contundentes es que gran parte del desarrollo se sitúa por encima de la cota 900 m.s.n.m, un límite de altitud para la urbanización establecido por el código urbanístico local por razones de seguridad ambiental y riesgo de deslaves y derrumbes.

El impacto sobre el ecosistema boscoso es igualmente grave. Se prevé la tala de al menos 30 hectáreas de bosque nativo protegido, compuesto por especies como Ñire, Lenga y Ciprés, y potencialmente otras 43 hectáreas de Ñire en una zona catalogada de manejo.

Esta acción contravendría directamente la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que obliga a las provincias a realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La Ley Q N°4552 es la aplicación de esta en Río Negro, y su OTBN es el marco de referencia local, el cual se encuentra desactualizado a la fecha.

A estos cuestionamientos se suman las advertencias sobre los riesgos geológicos. El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) ha identificado la zona del Cerro Otto con una alta susceptibilidad a movimientos en masa y procesos erosivos.

Un informe del SEGEMAR de 2005 recomendó específicamente la limitación total de construcciones por encima de los 950 metros y en pendientes superiores a los 25 grados, identificando la ladera norte como particularmente problemática e inadecuada para la expansión urbana. La urbanización de estas laderas incrementa la impermeabilización del suelo, lo que a su vez eleva el riesgo de inundaciones en barrios ubicados en cotas inferiores, como El Frutillar.

La aprobación del proyecto en área de interfaz y de difícil acceso mediante una resolución ejecutiva poco antes de la finalización del mandato del intendente Gustavo Gennuso, también ha levantado suspicacias.

A esto se suma la investigación sobre el exsecretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Pablo Bullaude, quien tras dejar su cargo público pasó a representar los intereses del proyecto, expediente que había manejado durante su función, lo que plantea interrogantes sobre posibles.

Los desarrolladores y el municipio aprovechan la crisis habitacional local como justificación para aprobar un desarrollo de alta gama ofreciendo un número relativamente pequeño de «lotes sociales». Es una contrapartida donde el componente de «bien social» parece desproporcionadamente pequeño en comparación con la ganancia privada y el riesgo público que genera». (La Izquierda Diario)