La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un Paro Nacional para el 18 de diciembre con movilización a Plaza de Mayo a partir de las 15 en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional, además de exigir una inmediata reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años y rechazar la intención del Ejecutivo de recortar un 10% la planta estatal.

“Hay que empezar a pudrírsela a los Gobernadores en sus territorios. Se están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”, apuntó el Secretario General del sindicato estatal, Rodolfo Aguiar. La medida de fuerza fue tomada por el Consejo Directivo Nacional de ATE luego de ser mandatada por las conducciones de las 191 seccionales y las 24 provincias durante el Confederal celebrado el 27 de noviembre en San Luis. Además, en cada provincia las protestas se focalizarán en las respectivas Casas de Gobierno.

En base al proyecto recientemente ingresado a través de la Cámara de Senadores, el dirigente sentenció: “Es todo verso, chamuyo que con esta reforma se va a crear empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, peor aún que la que regía en dictadura. Este proyecto no es compatible con el sistema democrático”.

“Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Lo único que tenemos para ofrecer es nuestra fuerza de trabajo y nuestra salud física y mental. Los empresarios son los dueños de las empresas y con esta reforma pasarán también a ser nuestros dueños, dueños de nuestras vidas”, explicó Rodolfo Aguiar.

El sindicato puso el foco en los gobernadores ya que la mayoría de los legisladores de ambas cámaras responden a instrucciones precisas de los mandatarios provinciales. Además, en los primeros dos años de gestión de Javier Milei, el principal deterioro se vivió en las provincias a partir de la fuerte baja en sus respectivas recaudaciones a partir de la caída de impuestos coparticipables, la destrucción el consumo, la baja de las transferencias no automáticas a las provincias y el freno a la obra pública, lo cual se profundizaría en caso de ser aprobada la norma.