El Gobierno nacinal proyecta, a partir del próximo invierno 2026, eliminar la intermediación estatal en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda estacional, transfiriendo mediante licitación pública esta responsabilidad a un comercializador privado que asuma el rol que hasta hoy desempeña Enarsa.

En pocas palabras, el gobierno nacional ahorra dinero y ese ahorro lo pagaremos los ciudadanos del país en nuestra facturas, para de esa manera, no ahorrar todo o que ahorramos cada mes con nuestros suculentos y engrosados salarios.-

Una consecuencia directa de esta medida -que se analiza a partir de enero próximo- es que el costo pleno del GNL importado, que suele ser significativamente más alto que el gas producido en la Argentina, será trasladado a la tarifa de los usuarios finales, eliminando así el subsidio estatal que hoy absorbe ENARSA, en valores que más que duplican por lo que se paga el gas argentino.

En el proceso de privatización de Enarsa, a partir de la indicación de la Ley de Bases, la Secretaría de Energía está desarmando potestades que fue acumulando la empresa en las últimas dos décadas, y que la actual gestión considera que no deben estar en manos del Estado, en tanto haya un privado que pueda ocupar ese rol.

En el caso de las compras de los metaneros de GNL la idea que se trabaja en la Secretaría de Energía es eliminar la intermediación estatal y traspasar esa responsabilidad a un comercializador asignado mediante licitación pública como encargado de leer la demanda estacional, determinar los volúmenes de GNL necesarios para cubrir el pico, y gestionar la compra de los cargamentos en el mercado internacional.

El desafío para el privado residirá, además, en la optimización logística, que incluye no solo la compra del gas, sino la contratación de los buques metaneros y la coordinación para la llegada a la planta regasificadora de Escobar, desde donde se inyecta al sistema de TGN.

Según se explicó, que si bien se delega lo operativa, el Estado no se desentiende por completo, sino que el plan que se busca poner en marcha contempla que la autoridad de aplicación «seguirá supervisando la operatoria», aunque dejará en manos privadas la decisión sobre la cantidad de barcos a comprar y los precios de adjudicación.