El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva, realizó aclaraciones vinculadas a la reciente transferencia de fondos anunciada por el Gobierno nacional al sistema de Bomberos Voluntarios. Remarcaron la importancia de clarificar el origen de los fondos para evitar interpretaciones erróneas sobre su finalidad y alcance.

Según indicó, «los recursos girados no constituyen un aporte adicional ni una medida excepcional asociada a los incendios que afectan a distintas zonas de la Patagonia, sino que responden al cumplimiento de la Ley Nacional N.° 25.054, vigente desde 1998″.

Esa normativa establece el esquema de financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que se sostiene a partir de aportes específicos provenientes de la población y administrados por el Estado Nacional.

La ley dispone que un 5 % de las primas de seguros de automotores y viviendas se destine al financiamiento del sistema bomberil. Ese dinero es aportado por la población a través del pago de seguros y luego distribuido entre los cuarteles que cumplen con los requisitos administrativos.

La transferencia actual corresponde a fondos adeudados del ejercicio 2025, año en el que no se completaron los giros previstos, e incluye además la primera cuota del ejercicio 2026.

De acuerdo al esquema habitual, los pagos se realizan en dos etapas anuales, una entre marzo y abril y otra entre agosto y octubre, cronograma que no se cumplió durante el último período. La aclaración apunta a señalar que «NO SE TRATA DE UN DESEMBOLSO NUEVO NI DE UNA DECISIÓN VINCULADA A LA COYUNTURA DE LOS INCENDIOS FORESTALES» AUNQUE SE BUSCÓ QUE PAREZCAN TALES.-

La resolución oficial establece que los 100.810 millones de pesos se distribuyen entre más de 1.000 asociaciones bomberiles de todo el país, lo que representa un monto aproximado de 95 millones de pesos por cuartel.

Los recursos están destinados a equipamiento, indumentaria, mantenimiento de unidades, materiales operativos, capacitación y otros gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano.

En ese marco, desde la Federación recordaron que vestir a un bombero voluntario con un traje forestal completo tiene un costo aproximado, de base, de 5.000.000 de pesos, lo que da cuenta de la relevancia de las recaudaciones que realiza cada cuartel.

La Ley Nacional N.° 25.054 establece además que la distribución de los fondos es uniforme, sin distinción por tamaño o ubicación geográfica, por lo que cuarteles de localidades como Esquel, Trevelin, Gualjaina o El Hoyo reciben montos equivalentes.

Desde la Federación insistieron en que la transferencia no debe ser interpretada como un fondo de emergencia, sino como el cumplimiento de una obligación legal del Estado con el sistema de Bomberos Voluntarios.