Desde que se implementaron las auditorías médicas, en septiembre del 2024, el Gobierno de Río Negro recuperó más de $20.000 millones. La efectividad de este mecanismo se tradujo en una reducción del ausentismo y en la optimización de los recursos del Estado.

La implementación de la auditoría no fue una medida aislada, sino una respuesta ante una situación preocupante. Meses antes del inicio del nuevo sistema, se detectaron circuitos de certificados apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada —llegando a registrarse casos de 2 mil días otorgados por un solo médico—, lo que derivó en denuncias penales y sumarios administrativos.

Fue entonces, cuando el Gobierno Provincial decidió ordenar la situación e implementar el sistema de auditorías médicas. El objetivo concreto era desarticular esas prácticas que perjudicaban al Estado y proteger, al mismo tiempo, el esfuerzo de la inmensa mayoría de los agentes que cumplen con sus responsabilidades.

En el período analizado desde la implementación de las auditorías (septiembre de 2024 a diciembre de 2025), se procesaron miles de solicitudes. En total, se pidieron 608.493 días de licencia, de los cuales la auditoría denegó 274.616 días (un 45,13%) que presentaron inconsistencias o no cumplían con los criterios médicos para su otorgamiento total.

El sistema no busca cuestionar la dolencia, en la gran mayoría de los casos lo que se produce es una adecuación de los días otorgados, ajustando los plazos de reposo a estándares médicos para evitar excesos, garantizando siempre el tiempo necesario para la recuperación real del paciente.

“El equipo de auditoría tiene una función estrictamente técnica: verificar que el reposo sea acorde al diagnóstico real. Validar un certificado es proteger el derecho de quien realmente necesita curarse, diferenciándolo de quien abusa de los recursos”, explicó la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Los datos confirman un cambio cultural positivo. Si se analiza octubre —el mes de mayor demanda histórica en ambos años— se observa una caída de 14.031 días solicitados en 2025 respecto a 2024. Esta reducción drástica confirma que la fiscalización desactiva los pedidos especulativos o sin justificación clínica.

Impacto en áreas clave

Los ministerios de Educación, Salud y la Policía concentraron el 89% del ahorro total, superando los $17 mil millones. Este volumen se explica porque son las áreas que agrupan la mayor cantidad de personal del Estado, solo Educación cuenta con más de 25.000 agentes, lo que genera un fuerte impacto económico por los esquemas de reemplazos y suplencias necesarios para garantizar el servicio.

Cada día de ausencia injustificada representa un costo significativo. Mientras el promedio estimado estatal es de $67.000 diarios, la cifra asciende a $92.000 en profesionales de la Salud, $173.000 en personal de la Policía, $91.000 en agentes del Servicio Penitenciario y $65.000 en trabajadores de Educación.

Según el relevamiento anual de diagnósticos, las principales causas de licencias fueron las afecciones respiratorias (faringitis aguda y gripe) y la gastroenteritis viral. También se destacaron las lumbalgias que, si bien registraron menor cantidad de pedidos que los cuadros virales, demandaron una mayor cantidad de días de reposo.

El procedimiento de control es simple y descentralizado. Se inicia completando un formulario donde el agente adjunta su certificado médico y la auditora externa DIENST – Salud Laboral verifica que la solicitud sea correcta.

Mediante este mecanismo, la empresa revisa el diagnóstico y define si los días se otorgan o se deniegan. Esto permite validar el reposo de quien realmente lo necesita y evitar que el Estado pague por ausencias sin justificación médica.

El sistema cuenta con consultorios presenciales distribuidos estratégicamente en Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche, complementado con un esquema de telemedicina y auditorías especializadas para cubrir todo el territorio provincial.