La conducción del Partido Justicialista enfrenta sus horas más críticas. La falta de presentación de balances y la inhabilitación electoral de Cristina Kirchner, dejaron al PJ Nacional al borde de una intervención inminente por parte de la Jueza Federal María Romilda Servini de Cubría. Mientras las sedes provinciales de Jujuy, Misiones y Salta caen en un efecto dominó judicial, el partido se desangra en internas y parálisis en su histórica sede nacional de Matheu 130, en pleno barrio de Once de CABA.

La situación de Cristina Fernández de Kirchner se ubica en el corazón de esta turbulencia. Su condena en la causa Vialidad no sólo ha redefinido su rol político, sino que también ha generado interrogantes sobre su continuidad formal al frente del partido. La inhabilitación para ejercer derechos electorales la excluye del padrón, lo que, en términos legales, compromete su condición de autoridad partidaria.

Paralelamente, la jueza federal electoral María Servini está analizando exhaustivamente la situación institucional del PJ nacional. El vencimiento del plazo para la presentación de balances sin la firma de las autoridades correspondientes, aunado a la persistente falta de definiciones claras sobre la conducción, configura un escenario que podría desembocar en una intervención judicial con el claro objetivo de normalizar el partido.

Gustavo Sáenz desde Salta pareciera mover el tablero para una intervención nacional

A mediados de febrero, la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría ejecutó un movimiento táctico letal. Realizó una consulta formal a los apoderados del partido para exigir la nómina actualizada de autoridades. La respuesta dejó expuesta la mayor debilidad del espacio: Cristina Kirchner quedó excluida legalmente de la conducción.

La explicación jurídica es contundente. Desde la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la Causa Vialidad, la ex Presidenta de la Nación tiene su derecho electoral cercenado, quedando legalmente catalogada como «no electora».

“En los hechos, Cristina deja de ser presidenta del partido al momento que sale la condena porque tiene, en las accesorias legales, la prohibición de estar en los padrones. Tanto para ser electora como electa”, confió una altísima fuente del Partido Justicialista.

Esta inhabilitación bloquea el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Los artículos 26 y 54 de dicha norma exigen, de manera inobjetable, la firma de la Presidenta y de dos autoridades más para validar los balances, un acto que hoy resulta legalmente imposible.

Radiografía de la jueza Servini: la dueña de la lapicera electoral

Subestimar a María Romilda Servini de Cubría es un error que el peronismo ya pagó caro en el pasado. Como titular del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, la magistrada ostenta el monopolio del control sobre los partidos políticos a nivel nacional.

Su historial no perdona. En el año 2018, ejecutó una recordada intervención sobre el PJ Nacional, desplazando de la presidencia al Diputado José Luis Gioja para imponer como interventor judicial al líder gastronómico Luis Barrionuevo.

La jueza conoce los pasillos del peronismo mejor que muchos de sus afiliados. Su estilo es implacable, burocrático y políticamente quirúrgico. Cuando los papeles no cuadran, María Romilda Servini de Cubría no negocia; interviene, congela fondos y desbarata estructuras de poder con una sola firma.

El detonante en Jujuy: Nulidad de la intervención partidaria

El detonante más reciente de esta crisis se produjo en Jujuy, donde el juez federal Esteban Eduardo Hansen declaró la nulidad de la intervención partidaria previamente dispuesta por la conducción nacional. Además, ordenó una nueva intervención judicial por 180 días.

Esta medida dejó sin efecto las designaciones de los interventores ligados al kirchnerismo y colocó al salteño Ricardo Villada al frente del proceso de reorganización del partido en la provincia vecina. (Jeremías Pierini)