Cuatro personas fueron imputadas por haber recibido importantes sumas de dinero para la construcción de viviendas con contenedores marítimos que nunca fueron entregadas. La Fiscalía les atribuyó nueve hechos de estafa que habrían afectado a distintos grupos familiares entre 2022 y 2025.

Según la acusación fiscal, las personas imputadas actuaron de común acuerdo a través de una empresa dedicada a la construcción de viviendas modulares. Cada una habría cumplido distintos roles vinculados con la administración, comercialización, cobro y seguimiento de los proyectos.

De acuerdo con la teoría del caso, ofrecían viviendas familiares bajo la modalidad “llave en mano”, con plazos de ejecución considerablemente más breves que los de una construcción tradicional. Para ello celebraban contratos de obra y percibían importantes adelantos en dólares.

La Fiscalía sostuvo que, una vez firmados los contratos, aseguraban falsamente que las viviendas avanzaban según lo previsto. En algunos casos exhibían contenedores supuestamente destinados a los proyectos contratados, colocaban carteles con los nombres de los clientes y ofrecían adicionales como pisos, aberturas e instalaciones especiales, por los cuales también cobraban sumas extra.

La investigación sostiene que las personas acusadas carecían de la capacidad técnica, financiera y operativa necesaria para cumplir con los compromisos asumidos. Aun así, continuaron celebrando contratos, percibiendo pagos y solicitando prórrogas de entrega mientras afirmaban que las obras se encontraban en ejecución. Según la acusación, una de las personas imputadas incluso concurría a los terrenos donde debían emplazarse las viviendas para reforzar esa apariencia de avance.

La maniobra habría afectado a nueve grupos familiares que contrataron viviendas entre 2022 y 2024. En la mayoría de los casos, las víctimas abonaron aproximadamente el noventa por ciento del valor total de las obras comprometidas sin recibir las viviendas acordadas.

La investigación también incorporó información vinculada a la creación posterior de otra sociedad comercial dedicada al mismo rubro. Según la Fiscalía, esa estructura comenzó a operar durante 2025 ofreciendo el mismo sistema constructivo y captando potenciales clientes.

Entre los elementos de prueba mencionados durante la audiencia se encuentran denuncias de las personas damnificadas, contratos de obra, comprobantes de pago, conversaciones mantenidas por correo electrónico y aplicaciones de mensajería, cartas documento, documentación societaria, informes comerciales y financieros, además de evidencia secuestrada durante allanamientos.

Durante los procedimientos se secuestraron siete teléfonos celulares, cuatro computadoras de escritorio, nueve notebooks y tablets, dispositivos de almacenamiento digital, un sistema electrónico de cobro y documentación comercial que será sometida a peritajes especializados. También se encuentran pendientes pericias informáticas y una pericia contable destinada a determinar la situación económica y financiera de las empresas investigadas y sus posibilidades reales de cumplir los contratos asumidos.

Atento a la cantidad de personas imputadas, el número de hechos investigados y el volumen de evidencia documental, informática y contable que resta analizar, la Fiscalía solicitó que la investigación sea declarada compleja.

La querella acompañó la formulación de cargos, la calificación legal propuesta por la Fiscalía y el pedido de investigación compleja. Además solicitó la inhibición general de bienes de las personas imputadas y de las sociedades investigadas, junto con la prohibición de salida del país, con el objetivo de resguardar eventuales responsabilidades patrimoniales y asegurar los fines del proceso.

Las personas imputadas, asistidas por defensas públicas y particulares, brindaron declaración en esta instancia procesal. La Defensa Pública Penal no se opuso a la declaración de investigación compleja ni al plazo solicitado, aunque señaló que algunos aspectos de la acusación deberán ser precisados durante la investigación. La defensa particular de una de las personas imputadas acompañó el plazo requerido y sostuvo que mantiene una teoría del caso diferente a la planteada por la Fiscalía.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por nueve hechos de estafa en concurso real, atribuidos a las cuatro personas imputadas en carácter de coautoras, conforme los artículos 172 y 45 del Código Penal. Asimismo, dispuso que la causa tramite como asunto complejo y fijó el plazo de la investigación preparatoria hasta el 2 de junio de 2027.

Además, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas. Dispuso la prohibición de salida del país para las cuatro personas imputadas, la inhibición general de bienes de las personas y sociedades alcanzadas por la investigación, la obligación de fijar domicilio y la de estar a derecho. Las medidas regirán mientras dure la investigación preparatoria, sin perjuicio de las revisiones o modificaciones que pudieran corresponder según la evolución del caso.