Comenzó el proceso judicial que investiga a una profesional médica, a su marido y a más de 100 efectivos de la Policía de Río Negro por uso de documentación falsa y fraude a la Administración Pública. La denuncia original fue impulsada en junio del 2024 por el Gobernador Alberto Weretilneck.

El proceso judicial dio su primer paso formal en una audiencia realizada en Viedma, en la que estaba prevista la formulación de cargos. Sin embargo, debido a la cantidad de personas involucradas y a que la mayoría participó de manera virtual desde otras localidades, el Juez Adrián Dvorzak dispuso reprogramar la imputación para realizarla en tandas de 20 personas. Esta medida busca asegurar el debido proceso y garantizar que cada agente comprenda con claridad los hechos que se le atribuyen.

La causa investiga a más de 100 efectivos policiales por la presentación de presuntos certificados apócrifos. La denuncia original fue impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck a través de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de defender los recursos de la Provincia y priorizar los intereses de los rionegrinos.

Las políticas de control del ausentismo implementadas por la Secretaría de la Función Pública permitieron detectar un patrón alarmante en la emisión de estas certificaciones irregulares.

Se detectaron circuitos de certificados apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada, llegando a registrarse casos de 2.000 días otorgados por un solo médico, lo que derivó en denuncias penales y sumarios administrativos. Esta situación representa un perjuicio económico millonario para el Estado, y afecta directamente a toda la ciudadanía.

Este proceso judicial se da en un contexto de cambio de cultura política impulsado por el Gobierno de Río Negro. Las acciones de auditoría constante y el reordenamiento del Estado buscan la eliminación de privilegios y garantizan la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, quien asistió a la audiencia, aclaró: “Aunque muchas veces hablar de sanciones en el Estado puede sonar antipático, en realidad esta firmeza busca respaldar a los trabajadores que sí cumplen, ellos también se ven perjudicados cuando un compañero abusa del sistema para evitar sus responsabilidades. Y, fundamentalmente, impacta en los rionegrinos y rionegrinas: en esta causa se investiga a más de 100 policías por el uso de certificados apócrifos. Si la acusación se comprueba, estamos hablando de efectivos que no estaban en sus puestos de trabajo cuidando a los vecinos”.