Nota de opinión de Roberto Fermín Bertossi (*): La ética pública no es monopolio ni monopsonio de dogmas religiosos o divinos mandamientos ni idearios político-partidarios. Es conciencia clara del mal, de «lo ajeno», de probada aptitud integral de una persona para realizar una tarea funcional, constitucionalmente preeminente, de manera eficaz, oportuna y transparente.

Es satisfacción del bien común y del interés general identificando y minimizando el malestar y el sufrimiento de la población (vg., discapacitados, jubilados, maestros y médicos rurales, desfinanciamiento de la educación, la salud y la paz social.)

La verdadera brújula y fundamento moral debe enfocarse en la realidad del dolor humano evitando los extremos ideológicos, la soberbia o tenacidad de lo imposible exhibible en todo acérrimo fanatismo propio de falta de pensamiento crítico, ya que el fanático considera que sus ideas son la verdad absoluta y rechaza cualquier tipo de cuestionamiento, debate… ¿e interpelación constitucional?

En la Argentina del hoy por hoy, Manuel ADORNI (¿todavía jefe de gabinete y porqué?) nos plantea un insólito desafío ético, no por aspectos secundarios de cantidad sino de estupidez, mentira y latrocinio o elogio del peculado.

El meollo de la corrupción autóctona radica en su naturalización social lo que explica y predice que la sociedad civil adopte y tolere voraces e insaciables sistemas de sobornos e impunidad; pero con el nefasto, latente y paulatino agalma o metástasis social del quiebre de la confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes.

Nos apresuramos en señalar -antes de avanzar- que una inexcusable responsabilidad presidencial radica también en la elección y en la vigilancia permanente e inmediata de sus funcionarios o colaboradores directos; esos que reportan y residen físicamente junto o contiguos al primer magistrado.

Dejando atrás capítulo semejante, lamentable y perniciosamente en nuestro país, prácticas amañadas, delictuales e ilícitos impunes, vienen acompañando el desempeño dirigencial, exponiendo la ética pública a un pronunciado deterioro, déficit o decrepitud.

En el caso que nos ocupa, ni el jefe de gabinete Manuel Adorni ni el presidente de la Nación, Javier MILEI han actuado autoritativamente ya que académica y jurídicamente, deliberadamente, omitieron decisiones indelegables, afectando e imponiendo así efectos adversos sobre los derechos de los ciudadanos argentinos.

Una procusta política fiscal -sacrificando necesidades físicas básicas-, alumbró una profunda incertidumbre y malestar que ha invadido el ánimo de la actual mayoría de los argentinos, subordinados a un gobierno nacional reñido con el orden fundamental (y su propia promesa de: «la moral como política de Estado») de la ética y de la Constitución Nacional.

La noción de «la moral como política de Estado» es un concepto (fallido) central en el discurso del presidente Javier Milei ya que nos aseguró que «el ordenamiento económico, la transparencia y el fin de los privilegios, no son solo metas de su gestión sino imperativos éticos fundamentales para reconfigurar la cultura institucional argentina» (sic)

Toda ética pública cuando es vívida, compartida y respetada, conlleva a la formación de una noble conciencia ciudadana, pero se enturbia y enferma gravemente por la sucesión de escándalos, corrupción, privilegios e impunidad de nuestras más altas autoridades.

Trazabilidades patrimoniales inexplicables de políticos en general con un empobrecimiento escandaloso igualmente inexplicable del pueblo argentino, podrían facilitar y explicar no solamente tanta desigualdad, sino el mayor riesgo institucional de que cualquier emergente, se convierta finalmente en líder totalitario aupado por fanatismos, opas, cangurines o colaboracionistas.

Nuestra deuda interna, nuestros desencuentros con su consecuente malestar social, traducen y simbolizan tanto un prolongado fracaso de la política como tal cuanto una marcada ralentización de esperables y merecidos frutos democráticos; políticas partidarias que nos vinieron domesticando para maltratos institucionales, yugos o servidumbres; fundamentalmente por corrupciones impunes en las últimas décadas… sin reparar «en cuestión de tamaño»

Resistir democrática y legítimamente, configurará un decisivo desafío ético y cívico para encontrar alternativas políticas razonables, idóneas, aplicables y honestas, que asuman cabal y realistamente la administración de la cosa pública, actuando congruente y legítimamente.

Finalmente, «si en la resistencia civil está todo el hidalgo valor de la vida», entonces políticamente no volvamos a elegir a ninguno de los que nos trajeron hasta aquí para «no volver a tomar» los mismos caminos que terminaron de empujarnos al abismo de otra crisis intolerable, propia de un país que enfrenta abrupta, codiciosa y temerariamente un escenario idealista e irrealista de profunda transformación; caracterizado principalmente por la cruel reducción del gasto público en una gélida búsqueda quijotesca y narcisista del equilibrio fiscal.

(*) Roberto Fermín Bertossi – Experto CoNEAU / Cooperativismo – Premio Adepa-Faca, 1990´