Las legisladoras Norma Torres, Adriana del Agua y sus pares Juan Pablo Muena y Marcelo Szczygol, de Juntos Somos Río Negro, rechazaron la violencia ejercida hoy por un grupo de manifestantes encabezados por el policía cesanteado Rubén Muñoz, que irrumpieron en el Ministerio de Seguridad y Justicia.

“Tres días después del anuncio de aumento salarial para el sector policial de la provincia, que demuestra la voluntad del Gobierno Provincial de encontrar soluciones a las necesidades de los trabajadores, se producen este tipo de hechos violentos”, indicaron los parlamentarios.

En tal sentido, agregaron que “lamentablemente la política logró colarse oculta detrás del reclamo salarial. Es un secreto a voces que hubo gremios e incluso altos dirigentes de la oposición política que habrían financiado el traslado de manifestantes a Viedma, con la única intención de generar una situación de zozobra, con otros fines que nada tienen que ver con el bienestar de los y las trabajadoras”.

“También es conocida la cercanía entre el autodenominado cabecilla del reclamo policial, Rubén Muñoz, y dirigentes de General Roca opositores al Gobierno Provincial, lo que nos hace pensar que el Frente de Todos está utilizando la actual coyuntura en beneficio propio”, manifestaron.

Las y los legisladores indicaron que “precisamente Muñoz poco tiene que ver con los y las buenas policías que tiene esta provincia. El autoproclamado representante del reclamo ni siquiera cumple funciones como policía, sino que se encuentra cesanteado luego de acumular 125 días de suspensión, y 14 sumarios por inconducta”.

Agregaron que “el Gobierno de Río Negro ha demostrado siempre su vocación de diálogo en la búsqueda de soluciones para todos los sectores de la sociedad, y la actitud de estos manifestantes nada tiene que ver con esa voluntad.

No se desconoce la actual situación de los trabajadores y trabajadoras, con una inflación que supera las proyecciones y diezma el poder adquisitivo. Ante este panorama, se ha escuchado y se está trabajando en la respuesta dentro de las posibilidades económicas del Estado”.

“Como integrantes de este Gobierno acompañamos la búsqueda de las opciones para alcanzar un mayor bienestar de la familia policial y estatal, pero no se puede permitir que la búsqueda de ventajas políticas por parte de ciertos sectores desvirtúe cualquier reclamo, ni tampoco los rencores de aquellos que han quedado fuera de la Policía por no haber respetado el uniforme y que usan a sus colegas”, sostuvieron finalmente.