El jueves 9 de julio al mediodía se concentraron vecinos y ambientalistas en el puente que une al Moreno Este con el Oeste, sobre la ruta 77, en Circuito Chico. Bajo el pasacalle que expresaba “Fuera Cauma, en defensa de las Reservas Naturales”, los vecinos repartieron volantes para informar sobre el tema y explicar sobre todas las infracciones a las normativas que importa.

El proyecto inmobiliario CAUMA continúa generando malestar e impotencia en Bariloche. Organizaciones ambientales, vecinos y distintos sectores de la comunidad cuestionan el avance del emprendimiento por considerar que no cumple con diversos requisitos establecidos en la normativa ambiental y urbanística vigente, que protege los ecosistemas de las Reservas Naturales Urbanas. Las denuncias e irregularidades vienen siendo presentadas desde el año 2021, tanto este gobierno como el anterior no han hecho más que dilatar o directamente no dar respuesta a las mismas.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el impacto sobre un área de alto valor ambiental. Según las denuncias presentadas por organizaciones ambientalistas y vecinos, las obras afectan un humedal y requirieron la voladura de un morro de piedra, lo que representa un daño ambiental irreversible. Los cuestionamientos sostienen además, que estas acciones entran en contradicción con los principios de ‘In dubio pro natura’ e ‘In dubio pro aqua’, incorporados en la normativa municipal.

Otro aspecto señalado se refiere al tamaño del desarrollo. De acuerdo con la información difundida por los grupos opositores al proyecto, CAUMA fue aprobado bajo el denominado Plan del Oeste y proyecta alrededor de 9.500 metros cuadrados de construcción, superando el límite aproximado de 6.500 metros permitido para ese sector.

La participación ciudadana constituye otro de los ejes de la controversia. Vecinos de las Reservas sostienen que no fueron convocadas las Comisiones Mixtas previstas para proyectos de esta magnitud y afirman que las reuniones realizadas en un principio con las Juntas Vecinales del Oeste, tuvieron un carácter exclusivamente propagandístico. En ese marco, las Juntas, manifestaron la falta de consenso social. Tampoco se convocó a audiencia pública.

También se denuncian intervenciones sobre el bosque nativo, entre ellas el apeo de ejemplares protegidos, movimientos de suelo y apertura de caminos. Según los reclamos, estas tareas habrían comenzado sin contar con todos los estudios ambientales y autorizaciones exigidos por la legislación local y provincial.

En ese contexto, recuerdan que la obra fue paralizada preventivamente en mayo de 2025 por no haber presentado el visado obligatorio de COCAPRI, requisito administrativo necesario antes del inicio de los trabajos.

Las organizaciones también expresan preocupación por las condiciones de ingreso y seguridad del emprendimiento que no cuenta con un camino oficial, y denuncian dificultades para acceder al expediente administrativo completo, argumentando que debería tratarse como información pública.

Mientras el debate continúa, las organizaciones ambientales solicitan que se paralice la obra, se revisen las autorizaciones otorgadas y que se asegure el cumplimiento de la normativa vigente, a saber las que rigen en las Reservas, antes de permitir el avance definitivo del emprendimiento.