El intento de suspensión del intendente de Allen, Marcelo Román, sigue generando conflicto. Tras recuperar la conducción de la intendencia, denunció a los miembros del Consejo Deliberante que votaron su suspensión y a Fabián Figueroa, quien lo reemplazó por 5 días como jefe comunal interino y que, según dijo, cobró el sueldo por el corto lapso, pero también pidió un adelanto millonario.

«Presenté, ante el Tribunal de Cuentas de nuestra ciudad, una denuncia por perjuicio económico a la hacienda municipal, daño institucional al electorado y desvío de poder», comunicó Román en sus redes sociales. Román denunció a Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez, descritos por el jefe comunal como «los concejales responsables de la suspensión ilegítima hacia mi persona como intendente electo».

Pero también sumó a Fabián René Figueroa, presidente del Concejo Deliberante e intendente interino de Allen, quien fue denunciado por la supuesta usurpación de la intendencia municipal, la percepción indebida de haberes -no se dio a conocer el monto- y la solicitud de un anticipo financiero de $ 1.500.000. «Ilegítimamente, ocupó un cargo que no le corresponde y ordenó se le liquide haberes como intendente», acusó Román.

«A principios del mes de agosto, -indica la denuncia difundida por el intendente a través de Facebook- se procedió a la liquidación y pago de los haberes correspondientes al período comprendido entre el 24/07/2026 y el 31/07/2026 bajo la categoría de intendente interino. Dicha actuación se ejecutó a pesar de que la Ordenanza N° 044/2026 ya se encontraba judicializada y su legitimidad en duda, situación que quedó formalmente confirmada como ilegítima tras la sentencia del Superior Tribunal de Justicia».

A lo que le sumó: «El Sr. Figueroa no solo se autoproclamó intendente y percibió haberes bajo dicha condición, sino que también solicitó un anticipo de $ 1.500.000 a cuenta de sus haberes correspondientes al mes de agosto de 2026, siendo todos estos valores hoy adeudados a este Municipio».

Ante esto, el intendente pidió que Figueroa haga la «restitución inmediata» del total supuestamente cobrado de las arcas del municipio, «y formular la respectiva denuncia penal por abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial ante la justicia penal ordinaria».

Las denuncias, polémicas e intentos de sacar a Román. La gestión de Marcelo Román al frente de la municipalidad de Allen ha estado marcada por giros políticos, conflictos gremiales e investigaciones judiciales.

El excomisario, con 24 años de servicio en la Policía de Río Negro, ingresó a la política local como concejal por la Unión Cívica Radical y ganó la intendencia en abril de 2023 con el 34,86% de los votos. Sin embargo, poco después de asumir, Román protagonizó un polémico traspaso político al sumarse a las filas de La Libertad Avanza, convirtiéndose en el primer intendente libertario de Río Negro.

Las tensiones administrativas comenzaron a escalar en mayo de 2025 tras la renuncia de la secretaria de Hacienda, Griselda Morell, quien expuso la presencia de un «asesor externo» ad honorem -el empresario mediático Sebastián Ocampo- que ejercía funciones directivas sin cargo formal. Este hecho derivó en denuncias ante el Tribunal de Cuentas por peculado e investigaciones judiciales sobre el uso de recursos públicos.

Paralelamente, la fiscalización municipal denunció gastos considerados desproporcionados, destacando el desembolso de $ 576 millones para la Fiesta Nacional de la Pera, monto muy superior a los $14 millones destinados el año anterior.

A esto se sumó un conflicto con los trabajadores municipales. Tras el despido de 20 empleados, el gremio inició un paro de actividades y la Secretaría de Trabajo clausuró camiones recolectores por mal estado de los vehículos.

No obstante, el pico máximo de tensión alrededor de Román se alcanzó en julio de 2026, cuando el Concejo Deliberante aprobó -por seis votos contra tres- la suspensión preventiva del intendente sin goce de haberes, bajo cargos de administración fraudulenta y peculado.

Román calificó la medida como un «golpe de Estado constitucional municipal», se negó inicialmente a entregar el Ejecutivo y denunció que todo respondía a persecuciones políticas.

Sin embargo, el escenario dio un vuelco en la justicia provincial cuando el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) declaró la nulidad absoluta de las ordenanzas de suspensión, tras comprobar que el Concejo Deliberante incurrió en una usurpación de atribuciones al rechazar por mesa de entradas el derecho a veto del intendente. (ADN)