La convocatoria es las 15.30 de este domingo 29 en la rotonda de Virgen de las Nieves para marchar hasta la sede del Ejército en Bariloche en el kilómetro 9 de la avenida Bustillo. Ocurre a una semana de un hecho similar donde un centenar de personas apoyaron a la comunidad mapuche beneficiada por un fallo judicial peno de sospechas que le adjudicó 180 hectáreas de tierra que pertenecían al ejército.-

«Nuestro Ejército está a punto de perder 180 hectáreas en Bariloche. El gobierno no presentó a tiempo el recurso de apelación y la justicia ratificó el fallo de una jueza kirchnerista que obligó a entregar esas tierras», indicó el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, que participa de la convocatoria.

Consideró que es «un precedente peligroso que nos expone a hechos violentos como los que suceden en Chile y de este lado de la Cordillera. Al gobierno no le interesa defender a los argentinos, rionegrinos y nuestra soberanía».

El predio es utilizado por la Escuela Militar de montaña para dictar sus cursos nacionales e internacionles y prácticas seguras de tiro y en dos fallos de primera y segunda instancia donde los letrados del Ministerio «se demoraron en responder requisitorias» (una práctica habitual donde abogados casualmente suelen perder causas judiciales) obligaron a la justicia a fallar en contrario entregando las tierras.-

Ahora, la disposicion no se ha ejecutado en función de un recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio de Defensa ante la Corte Suprema de Justicia, ante el requerimiento y presión de colegios de abogados, letrados, dirigentes políticos y la mayoritaria posición de la propia comunidad barilochense que resiste estas entregas generalmente basadas en pruebas sólo verbales y no comprobables de asentamientos.-

«Es una convocatoria amplia, sin banderías políticas, a la cual nosotros adherimos como simples ciudadanos que quizás estamos en una posición distinta para visibilizarla», aclaró el abogado Juan Martín.-

Lo que se cuestiona no es el derecho de esa comunidad, sino la actitud entreguista del gobierno irresponsablemente frente al patrimonio nacional y el hecho de que el INAI se constituya en una superestructura decisoria unilateral y contra toda juridicidad dicte resoluciones que afectan patrimonios sin consultar a nadie y sin representar a nadie salvo los propios intereses políticos de su conducción y agrupamiento político aliado del gobierno, que tiene en ese sector sus escasísimas bases electorales.-