El Movimiento Antinuclear de la República Argentina emitió un comunicado en el que expresa que «Cuatro trabajadores de la Central Nuclear Atucha I fueron enviados a realizar tareas de mantenimiento en la playa de maniobras, en una celda de media tensión, donde se produjo una descarga eléctrica que provocó la muerte a Juan José Salazar.

Nucleoeléctrica emitió un comunicado tres días después del accidente para decir que “tuvo lugar en la zona eléctrica convencional de la central. No se registraron explosiones ni riesgos radiológicos de ningún tipo. Las causas del mismo están aún bajo investigación”. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) no reportó el accidente en la sección “Informes sobre sucesos notificados” de su página web[1].

El antecedente inmediato anterior de electrocución de un trabajador de la industria nuclear argentina se produjo el 7 de abril de 2021 en la Central Nuclear Embalse, cuando un arco eléctrico en la barra colectora de un transformador auxiliar causó lesiones por quemaduras en las manos de uno de los trabajadores. La conclusión de la investigación de las causas no fue sorpresa, la ARN culpó al trabajador accidentado: “errores humanos que condujeron a la identificación de un transformador incorrecto”[2].

Aunque Nucleoeléctrica remarcó que el accidente se produjo en la zona convencional de la central, también ocurren accidentes en la parte nuclear. Como ejemplo destacamos que el 9 de mayo de 2017, Damián Straschenco, secretario adjunto del sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, se contaminó al beber agua pesada. Nucleoeléctrica despidió al trabajador y lo acusó de sabotaje. Nadie sabe cómo salió material radiactivo de la zona controlada del Sitio Atucha.

Los accidentes laborales se dan además en un contexto tecnológico muy delicado. El reactor nuclear Atucha I tiene una tecnología de base ya obsoleta, que ha sufrido una larga lista de accidentes. Por otra parte, Nucleoeléctrica pretende extender su vida útil, lo cual aumentará la probabilidad de que sufra accidentes, incluido el peor accidente o evento posible, nivel 7 en la escala del INES, una escala elaborada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Siguiendo además una modalidad ya crónica, esta extensión de vida útil se está gestionando sin previo Estudio de Impacto Ambiental abierto a la comunidad, y sin Audiencia pública para debatirlo. Agravando aún más esta tendencia institucional al autoritarismo y el incumplimiento de normas, Nucleoeléctrioca Argentina SA pretende que la ampliación, ilegal, sea financiada por ANSES.

El riesgo sanitario y ambiental de la obsoleta central nuclear de Atucha I aumenta proporcionalmente con la decisión autoritaria e ilegal de instalar un nuevo reactor nuclear de origen chino, el Hualong One, en cercanías de Atucha I, Atucha II y el CAREM. Precisamente, la firma del contrato entre el representante de NASA y el gobierno chino se hizo sin previa Evaluación de Impacto Ambiental.

Esta ilegalidad hizo que se denunciara penalmente al presidente de Nucleoeléctrica, José Luis Antunez, y a otros funcionarios, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acción penal se inició este año en la Justicia Federal de Campana, en la provincia de Buenos Aires.

Debido al grave suceso, los cinco gremios con representación sindical en el Sitio Atucha (ATE, Luz y Fuerza zona Paraná, Luz y Fuerza Zárate, UOCRA y APUAYE) decidieron en asamblea decretar el paro por tiempo indeterminado y reclamar la renuncia de los responsables de la gerencia de Nucleoélectrica Argentina S.A. Para descomprimir la situación la empresa ha decidido separar preventivamente de su cargo por 60 días al jefe de mantenimiento[3].

En este clima de malestar, además es necesario destacar que Nucleoeléctrica controla las opiniones de sus trabajadores mediante la Resolución N.º 344/20 “Buenas prácticas para el uso de redes sociales y medios de comunicación digitales y tradicionales”[4], cuyo incumplimiento los hará pasible de sanciones disciplinarias. Además, fue incorporada al Registro de Incumplidores de la Ley N.º 27.275, Derecho de Acceso a la Información Pública[5].

Hace ya algún tiempo que el lobby nuclear argentino se deslizó hacia las más oscuras técnicas de propaganda de las peores organizaciones de la historia: el ocultamiento, la acusación sin pruebas, la insinuación, intentar alinear al discrepante con el enemigo, culpar a las víctimas de los accidentes y arrogarse la verdad suprema de su lado.

La última voz que se oirá después de un accidente catastrófico en una central nuclear, será la de un funcionario del átomo diciendo que eso, es completamente imposible» concluyen. (M.A.R.A – Movimiento antinuclear República Argentina)