La Legislatura rionegrina sancionó la ley que establece las condiciones para llevar adelante el proceso de licitación pública de alrededor de 625 mil hectáreas en la zona de Sierra Grande para la producción de hidrógeno verde. Creó además el Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro “Corporación Punta Colorada”.

Las dos iniciativas del Poder Ejecutivo tuvieron el voto unánime de la Cámara.

El legislador Sebastián Caldieron (JSRN) explicó que este proyecto busca declarar de interés la iniciativa privada de Argentina Fortescue Future Industries S.A., “en la búsqueda de contar con un consenso político y social importante” y, a su vez, conceder las tierras que necesita la empresa para producir energía eólica con destino a la producción de hidrógeno verde y sus derivados.

Expresó que esta norma dispone las condiciones para esa concesión a través del cobro de un canon de alrededor de 25 dólares por año por hectárea de tierra en producción, y de un dólar y medio por año por la tierra que todavía no se produce. Además se prevé la obligatoriedad del uso exclusivo de las tierras para el proyecto presentado, con un plazo de concesión de 50 años, prorrogable por 25 años más.

La norma dispone que el dinero percibido por esta contraprestación, sea destinado en un 30 por ciento a la conformación de un Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial Verde, un 10 por ciento distribuido entre los municipios, de acuerdo a la ley de coparticipación, y un 70 por ciento para el tesoro provincial.

Señaló que se incorporó además una comisión de seguimiento del contrato, en la que tendrán participación los municipios involucrados y la Legislatura provincial.

Caldiero contextualizó el proyecto en el afectación mundial por el cambio climático y en la búsqueda de alternativas para combatirlo. “Tenemos un nuevo paradigma energético que es la búsqueda de energías limpias y uno de los nuevos vectores que está llamado a ser la energía del futuro es el hidrógeno verde, porque tiene la particularidad de generar energía sin la producción de gases de efecto invernadero.”

Afirmó que se trata de la mayor inversión privada de los últimos 20 años en Argentina, con una inversión aproximada de 1500 millones de dólares, y que su instalación en Río Negro está vinculada a “las fortalezas naturales que nos posicionan como un punto estratégico”.

En este sentido, se refirió a la calidad del viento para la generación de energía eólica, que es superior a otras locaciones del mundo”, sumado al acceso al agua y la enorme cantidad de tierra disponible, que hoy no tiene destino productivo.

El legislador remarcó como potencialidades al “núcleo tecnológico y científico, que identificamos mayormente con Bariloche, que nos dan sustento y respaldo para este tipo de proyectos” y a que “somos una provincia amigable para las inversiones, con seguridad jurídica y consenso político”.

Afirmó que esta inversión fue buscada por la Provincia y que se enmarca en el Plan Estratégico de Hidrógeno Verde de Río Negro, que responde a cuatro grandes aristas: seguridad energética, sostenibilidad ambiental, eficiencia y competencia, inclusión social y empleo.

La presidenta de la bancada del Frente de Todos, María Eugenia Martini, resaltó las incorporaciones que tuvo el proyecto a partir de lo trabajado en la comisión legislativa de Iniciativa Privada. En este sentido, hizo alusión a las condiciones que se le establecen a la empresa en el uso exclusivo del espacio para el objetivo propuesto, y la suma de todas aquellas leyes que intervienen en el proceso de concesión de tierras, con el objetivo de poner en resguardo a todas las personas y comunidades que habitan en esa tierra, como así la protección de la meseta de Somuncura y las reservas naturales del lugar.

Destacó además que esta propuesta “es la conjunción del sector privado junto con el desarrollo del sector público nacional, provincial, pero también municipal”, que traerá importantes ingresos para la provincia y que será generadora de empleo genuino.

Juan Martín, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, respaldó el proyecto porque “los rionegrinos no podemos seguir desaprovechando oportunidades y sumando desilusiones”.

Sin embargo, afirmó que falta información sobre el impacto ambiental, del uso agua o de la energía, y que “estas respuestas las tendría que dar la empresa responsable”.

Nicolás Rochas, presidente del Frente Renovador, resaltó el proceso que se está desarrollando para llevar adelante esta inversión “en el que un privado invita al Estado a participar” ,y afirmó que “hoy no estamos aprobando la instalación de una planta, estamos aprobando lo que trabajó la comisión de iniciativa privada, en uno de los sistemas más transparentes que hay para recibir una inversión”.

Por su parte, el líder del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, afirmó que esta iniciativa busca cambiar no solo la matriz productiva, sino la matriz energética de Río Negro. “Estamos trabajando en un proyecto que busca desarrollo, crecimiento, generar trabajo y mejoramiento de medio ambiente”.

Expresó que la empresa eligió a Río Negro no solo porque hay viento y agua, “sino porque hay transparencia y un gobierno serio que no solo piensa en la coyuntura, sino a mediano y largo plazo.”

Zona Franca

Con relación a la creación del Ente de Promoción y Fiscalización, la legisladora Roxana Fernández (JSRN) explicó que se enmarca en la ley nacional de Zona Franca y tiene su antecedente en la ley aprobada por la Legislatura rionegrina el año pasado, por la cual se ratificó el convenio firmado por el Ejecutivo nacional y provincial para otorgar la zona franca en Sierra Grande, especialmente en Punta Colorada.

Se trata de un ente autárquico que buscará constituir un Comité de Vigilancia que fiscalice el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el futuro concesionario y promueva la radicación de empresas en la zona.

La legisladora señaló que el órgano de gobierno y administración estará compuesto por un directorio con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, de la Municipalidad de Sierra Grande, y de la entidades empresarias de la producción.

Destacó además que “estamos frente a la zona franca más grande del territorio nacional, que comprende 643 hectáreas que son propiedad de la provincia” y que “fue un proceso que se trabajó con mucha anticipación buscando la posibilidad de generar un despegue económico en una zona tan castigada como es Sierra Grande”.